General (r) Mario Montoya, investigado por “La masacre del Totumo” podría ir a la cárcel por falsos positivos

La masacre del Totumo (Corregimiento de Ibagué) es uno de los episodios de violencia perpetrada por agentes del estado más escabrosas de esta década que se vivió en el territorio tolimense.

En la madrugada del viernes 20 de diciembre de 2006 tropas del Gaula Tolima del Ejército Nacional asesinaron a 6 personas para hacerlos pasar como extorsionistas, siendo develada esta historia años después cuando se conocieron detalles de la investigación por los falsos positivos.

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Por lo que se ha podido establecer, 11 hombres al mando del Mayor José Wilson Camargo Arévalo se apostaron en la vía principal que comunica a Ibagué con Rovira, a la altura del sector del Totumo, con la finalidad de, supuestamente, capturar a una banda delincuencial que pretendían robar un bus de la empresa Velotax, dado que ese día en uno de estos vehículos de transporte intermunicipal iría una persona llevando una gran cantidad de dinero dirigiéndose del municipio rovirense hacia la ciudad musical, información que había sido supuestamente suministrada por un informante.

Según lo dieron a conocer las investigaciones años después, los militares detuvieron un vehículo Renault Etoile Penta dorado, de placas QFU 490 que había salido de Ibagué y en el que viajaban Jeison Méndez Zorro, Alexander Jaramillo Quitora, Armel Ramírez Lozano, Rubén Fernando Sánchez Morales y Dorancé Enciso Medina, a quienes luego de ordenar que bajaran del automotor, los hicieron hincar las rodillas sobre el suelo para asesinarlos sin que pudieran oponer resistencia.

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Toda esta información llegó a ser conocida gracias a que la Fiscalía General de la Nación inició una exhaustiva investigación luego que se adelantaran las labores judiciales en el lugar de los hechos. Y es que se llegó a dicha conclusión luego que por medio de peritajes se estableciera que los 5 hombres habían sido asesinados con tiros de gracia y que la escena del crimen fue alterada por parte de los uniformados para simular una confrontación armada.

Se estableció que los militares le dijeron al CTI de la Fiscalía que la banda de supuestos extorsionistas los había atacado cuando ellos los solicitaron para un retén y que ellos al verse hostigados por los proyectiles respondieron fuego con fuego y les dieron la baja para salvar sus vidas.

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Pero los investigadores encontraron varias inconsistencias las cuales confirmaron que la versión de los hombres al mando del mayor Camargo era una mentira, y prueba de ello era que ninguno de los vehículos inmerso en el supuesto enfrentamiento tenia impactos de bala, Rubén Fernando Sánchez, que era zurdo, estaba tirado en el suelo con un arma en la mano derecha y a las demás victimas les pusieron también las armas de fuego en las manos después de ser asesinados.

Había múltiples testigos que afirmaban haber pasado por el lugar y ver a los hombres reducidos y a los militares custodiándolos y los familiares de las víctimas afirmaban con vehemencia que sus seres queridos nunca habían perpetrado actos criminales, sino que eran comerciantes que iban para Rovira a trabajar.

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Después de múltiples versiones e indagaciones, un fiscal de Unidad de Derechos Humanos de Ibagué ordenó, 3 años después, el 23 de octubre de 2009, la captura de estos 11 militares los cuales fueron detenidos en el batallón Rooke.

En 2011, el juzgado sexto penal del circuito de Ibagué dictó la sentencia condenatoria y 11 militares fueron enviados a la cárcel por los delitos de homicidio agravado y falsedad en documento público.

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Entre tanto el Mayor José Wilson Camargo Arévalo fue condenado a 26 años de cárcel por ser coautor de este crimen. Mientras que a los otros implicados les fue dictada condena intramural por 26 años.

Aunque las investigaciones y maniobras judiciales continuaron después de eso, en el 2015 y por orden de los magistrados de la sala penal del Tribunal Superior del Tolima se les redijo la condena al mayor Camargo a solo 14 años y 8 de los implicados a 13, aunque en un principio la idea era absolverlos.

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Sumado a esto la defensa seguiría insistiendo con el fin de buscar la libertad de los militares, en 2016 se confirmó la condena a 16 de los uniformados, ratificando la condena a 13 a los de prisión de los involucrados.

No obstante, hace pocos días se dio a conocer que en el 2016 la Fiscalía General de la Nación investigó al general (r) Mario Montoya por 8 “falsos positivos” entre ellos los 5 de la masacre del Totumo y según avanzan las investigaciones se incriminaba al hombre que fue Comandante del Ejército Nacional por dos años y medio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, siendo laureado por sus labores en múltiples oportunidades y entre sus logros estuvo la operación Jaque, en la que se puso en libertad a Íngrid Betancourt, 11 hombres de la fuerza pública y 3 ciudadanos estadounidenses.

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Y es que Luego de que el Coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado compareciera ante la JEP, en sus declaraciones incrimino a el General Montoya en un gran número de casos de falsos positivos, empero, las declaraciones del Coronel (r) Rincon Amado no son las únicas que señalan al General (r) Montoya como alguien que no evito que sus subalternos cometieran estos actos criminales, sino que también promovió de forma activa estas prácticas en diversas divisiones del ejército.

Sería un total de 91 versiones entregadas por oficiales a su cargo y 13 informes donde se han presentado y acreditado 176 víctimas de falsos positivos.

Para finalizar, aún no se ha escrito el ultimo capitulo relacionado con La Masacre del Totumo y se espera que la Justicia Especial para la Paz, a quien el General Montoya se sometió el pasado abril de este año, pueda establecer una relación del militar con la muerte de estos 5 ciudadanos en área rural de Ibagué.

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Y es que a pesar que en el acta que suscribió el General, declaró que diría la verdad, en la misma señaló que para él la verdad es que no tiene ninguna responsabilidad en los señalamientos de los cuales se le acusa. Pero la evidencia es tan incriminaría que al final del juicio podría ser condenado a 20 años de prisión, sin embargo, antes de eso se le daría la oportunidad de adjudicarse la responsabilidad, siendo condenado a la privación de la libertad entre 5 y 8 años por un sin número de casos de falsos positivos.