Un despacho seccional de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Tolima, adscrito a la Unidad de Administración Pública, adelantó la semana que acaba de terminar la audiencia de formulación de imputación de cargos contra Arquímedes Ávila Rondón, exalcalde del municipio de Piedras al norte del departamento del Tolima, presuntamente, comprometido en el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Información suministrada a las noticias de Alerta Tolima, La Cariñosa 1.420 AM da cuenta que los servidores del CTI de la Fiscalía en este departamento detectaron posibles irregularidades en la etapa de trámite y ejecución del convenio 013 de 2012, celebrado entre la Administración Municipal y otra entidad que, al parecer, subcontrató los servicios pues no cumplía con los requisitos para suplir las necesidades enmarcadas dentro del contrato celebrado; esto la convertía en un simple intermediario contractual.
Se pudo establecer que el objeto del contrato era aunar esfuerzos en la ejecución de operaciones técnicas, de infraestructura y científicas en el proyecto para el diseño y construcción de la tarima cubierta del parque principal del municipio, cuyo valor alcanzó los 703 millones de pesos.
Fue así como, al parecer, se incumplió el principio de economía consagrado en la ley 80 de 1993 que establece la necesidad de asegurar la selección objetiva del contratista mediante los procedimientos y etapas que fueran necesarios.
Se conoció que el implicado no aceptó cargos y seguirá vinculado al proceso investigativo.
La Fiscalía indica que la información contenida en los boletines de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.