Juez dictó medida no privativa de libertad a interventor por caso de Juegos Nacionales

Continuando con la audiencia de imputación de cargos contra el abogado bogotano Jesús Octavio Acosta Sánchez de 76 años de edad, la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué reveló que, el profesional cometió los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad material en documento público, falsedad de documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación, en referencia a la adecuaciones del estadio Manuel Murillo Toro para los Juegos Nacionales y Paranacionales del año 2015. Acosta Sánchez es investigado por suministrar documentación falsa, la cual fue presentada al IMDRI como requisito para el concurso de méritos del contrato del mejoramiento y adecuación del Estadio, además de otras irregularidades del cual será procesado.

Aunque la delegada Fiscal solicitó medida de aseguramiento intramural para Jesús Octavio Acosta, el Juez Octavo con Función de Control de Garantías aceptó los argumentos de la defensa y se impartió la medida no privativa de la libertad, es decir no estará recluido en la cárcel ni en su domicilio bajo control del INPEC, pero si deberá firmar un acta de compromiso, seguirá acudiendo a las citaciones de la Fiscalía y no podrá salir del país, adicionalmente deberá pagar una caución de 20 salarios mínimos legales vigentes; así lo determinó el despacho.

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LA INVESTIGACIÓN

Cabe destacar que, la investigación radica en el desfalco de los Juegos Nacionales, donde Acosta Sánchez en febrero de 2015 era el representante legal de la constructora A&C S.A, sociedad a la cual se le adjudicó el contrato 087, cuyo objeto era la interventoría de las obras de ampliación, remodelación y adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

De manera que, en la fase precontractual se faltó a los principios de imparcialidad, transparencia y responsabilidad al momento de participar en el concurso de méritos para lo cual el abogado introdujo varios documentos falsos y donde fue el único participante. El capturado – al parecer - presentó la propuesta con firmas falsas, más documentos como certificado de un profesional con el COPNIA, un acta de compromiso, entre otros papeles que fueron valorados y tenidos en cuenta para la adjudicación, además legitimó la experiencia del personal que no fue contratado para las obras.

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De este modo, el contrato estaba por un valor superior a los $600 millones de lo cual se presume, hubo un peculado aproximado de $165 millones de pesos, por cuanto se pagó, se cobró y no se ejecutó, incumpliendo así el objeto contractual, en el cual también estaría involucrado Mauricio Campos del Cairo y el ex gerente del IMDRI Carlos Heberto Ángel.

Al finalizar la audiencia concentrada, el abogado Acosta Sánchez no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y, así no tenga una medida restrictiva de la libertad, seguirá siendo investigado y procesado por su participación en el millonario desfalco que afectó a gran escala a la ciudad de Ibagué.

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Declaraciones en audio del abogado Rodolfo Salas, representante del IMDRI:

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