Otra vez se dio la polémica por el Decreto 1844 de 2018 que permite a la Policía decomisar la dosis personal de estupefacientes.
Es que la nueva polémica se dio por la demanda interpuesta por Katerine Miranda, congresista quien se opuso a la medida que fuera implementada por el Gobierno Nacional desde octubre del año anterior, señalando que el decreto busca disminuir el consumo atacando al consumidor y dejando intacta la cadena criminal.
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La congresista señaló que "acá solo se está atacando el eslabón más pequeño de la cadena, que es el consumidor, al cual se debe tratar mediante una lógica de salud pública y acá no se está atacando fuertemente a los grandes productores, ni a los narcotraficantes ni al crimen organizado”.
De igual forma argumentó que el daño social no se debe atacar con comparendos, sino que debe hacerse con educación, programas para jóvenes, con una lucha constante contra el narcotráfico.
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Esta reacción se dio luego que el diario El Espectador revelara partes del texto de defensa que se redactó en el proceso de demanda del decreto ante el Consejo de Estado.
El Estado argunentó que "no estamos ante una libertad individual privilegiada frente a la cual el Estado deba abstenerse de intervenir y asumir una actitud puramente de respeto y distancia, de un simple dejar hacer en la órbita de autodeterminación de la personalidad. Por el contrario, la adicción a las drogas es vista por la Constitución como una condición problemática de salud individual con repercusiones familiares y sociales y de orden público, que por su mera existencia activa claros deberes y obligaciones para el Estado”.
