El Gobierno Nacional dio a conocer en las últimas horas que buscará poner orden a las consultas populares que hasta el momento han frenado proyectos estratégicos de desarrollo en diferentes zonas del país, y la misma se hará con la recolección de firmas y convocatoria por órganos locales.
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El borrador del proyecto de ley estatutaria fue presentado a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz, integrada por el ejecutivo y las Farc, donde se busca garantías la participación ciudadana en cumplimiento de lo planteado en los acuerdos de paz.
Lo que se busca con estas modificaciones es garantizar a los colombianos entregar de manera oportuna la información antes de acudir a las urnas a participar en las consultas populares o revocatorias de mandato, cambios los cuales se verán al inicio de la inscripción de una de estas iniciativas, donde se deberá iniciar una convocatoria a cabildo amplio, donde conocerán los argumentos para hacer uso de este mecanismo, así como también se escuchará a los afectados quienes podrán defenderse.
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Así mismo se definiría que quien convoca a consulta debe exponer información verificable, evitando que las personas decidan por discursos que por hechos, permitiendo además demandar la consulta ante la jurisdicción administrativa respectiva, cambios los cuales están siendo rechazados por las Farc.
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Una fuente, le manifestó al diario El Tiempo, que lo que se busca es evitar manipulación política a las 44 consultas populares que están pendientes, convocadas contra proyectos mineros y energéticos, nueve que impulsaron el NO y ganaron en sus votaciones, una de ellas fue la de Cajamarca.
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En ese municipio del Tolima, luego de conocerse los resultados de la consulta, el alcalde Pedro Marín, indicó que se está en trámites para dar cumplimiento a lo decido por el pueblo, asegurando que muchos de sus habitantes están en desempleo y además otros que se dedicaban a la minería artesanal también se vieron afectados.
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El alcalde del municipio aseguró que “nos toca gestionar todo tipo de recursos en el alto Gobierno para atender la inversión social, debido a que la salida de Anglogold Ashanti ha frenado el apoyo a las asociaciones campesinas de productores de frijol y arracacha, así como también los aportes a las urgencias del hospital, el estadio y la plaza de mercado.
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La iniciativa de las consultas populares tiene preocupado no solo a las empresas implicadas, sino también a los expertos jurídicos, quienes indicaron que las mismas no son aplicables porque no tienen sustento jurídico, por lo que con estos cambios se busca que no se vulneren los derechos a ninguna de las partes.
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