La senadora del Partido de la U, Maritza Martínez explicó algunos de los alcances de la Ley 2097 que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y que fue sancionada en las últimas horas por el presidente Iván Duque.
En diálogo con RCN Radio, la congresista precisó que la implementación de este registro no busca acarrear consecuencias, más allá de las incomodidades que la misma persona se ha buscado "al incumplirle a los hijos".
La senadora y ponente de esta ley, advirtió que en caso de que una persona haya perdido capacidad adquisitiva, podrá acudir al juez competente y demostrarlo. Recordó que esto es un trámite que existe y es usual.
"Lo que sigue es que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia debe implementar este registro. Básicamente es como una plataforma, una base de datos que debe ir alimentándose en tiempo real a medida que van llegando las denuncias y con el respaldo probatorio pertinente. Allí se van registrando las personas que adeudan tres o más cuotas alimentarias", explicó.
De acuerdo con Martínez, el Gobierno Nacional tiene seis meses para poner en funcionamiento la plataforma. "La persona que tiene a cargo el menor, es la que puede acudir ante un funcionario que ya estableció la cuota alimentaria y presentar la solicitud de registro. El funcionario tiene la obligación de llamar al deudor y esta persona dentro de los cinco días siguientes, debe presentar las pruebas que demuestren que se encuentra al día y si no lo hace, se procede a hacer el registro", dijo.
En ese sentido, indicó que el proyecto no busca "ocasionar otro tipo de acciones como penas de prisión o nuevas multas (...) Estamos generando cargas adicionales y por eso nos cuidamos muy bien en generar unas medidas que son bastante novedosas y que lo que buscan es que las personas busquen salir de ahí, así como cuando se les reporta en centrales de riesgo".
La senadora reveló que "a partir de hoy vamos a empezar a sostener reuniones con el Gobierno, para que la implementación de este registro tampoco acarree más incomodidades de las que que la misma persona se ha buscado al incumplirle al menor. Aquí no se trata de poner en la picota pública a nadie, ni tampoco de generarle este tipo de medidas que los excluyan de oportunidades laborales o de los derechos que tiene frente a los menores. Se trata de proteger a los menores a través de una medida que creemos es muy efectiva".