La iniciativa contempla la reducción de las horas semanales laborales de 48 a 42 para que sean distribuidos entre cinco y seis días de trabajo. Es decir, del 2022 al 2025 la reducción es de una hora por cada año y en el 2026 se reducen dos horas, para llegar a las 42 laborales a la semana. 

Cabe recordar que el empresariado colombiano aseguró que esta iniciativa ocasionará informalidad y aumento de desempleo en el país.  

Hace unos días, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, advirtió que se podrían perder cerca de medio millón de trabajos, por cuenta de la aprobación del proyecto.

Otras iniciativas

Por otra parte, el Congreso de la República también aprobó la conciliación de tres proyectos más y los cuales pasarán a sanción presidencial.  

El primero, por medio del cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación básica secundaria, educación media y educación superior y en materia de inserción laboral para jóvenes.  

El segundo, por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético y la reactivación económica del país. La iniciativa tuvo 66 votos por el sí y 24 por el no.  

Sobre este proyecto, el ministro de Minas, Diego Mesa, manifestó que con la nueva Ley de Transición Energética, Colombia continuará posicionándose como líder regional en esta materia y como un país atractivo para la inversión en energías renovables no convencionales. 

“Esta ley le apuesta a consolidar la transición energética, liderar la lucha contra el cambio climático y acelerar el cierre de brechas, ofreciendo mejores incentivos tributarios para la generación de energía renovable no convencional, eficiencia energética y movilidad sostenible. Además, estos incentivos se extienden para nuevas tecnologías como el hidrógeno verde y azul, el almacenamiento de energía a gran escala y la medición inteligente”, aseguró Mesa. 

Y el tercero, establece un régimen especial para los departamentos fronterizos, los municipios y las áreas no municipalizadas fronterizas, declarados zonas de frontera, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución política”.