El ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, defendió la virtualidad como una de las medidas exitosas que se implementaron en medio de la pandemia del covid - 19 y que fueron positivas para la Rama Judicial en medio de las restricciones que se implementaron por la emergencia sanitaria en la que permanece el país.
Según expresó, es importante que el sector justicia continúe en la virtualidad para evitar que se presenten traumatismos, retrasos y aplazamientos en las decisiones judiciales.
"Lo más importante es decirle al país que estamos de acuerdo con la virtualidad, porque ha ayudado muchísimo con la descongestión, los abogados pueden actuar en varias audiencias en diferentes ciudades del país sin necesidad de perder tanto tiempo", dijo el ministro de Justicia y el Derecho.
Agregó que, "estamos apuntándole a la virtualidad pero eso lo debe definir el Consejo Superior de la Judicatura, ante los buenos resultados que ha dado, porque aunque la pandemia trajo muchos problemas también trajo cosas muy positivas como la virtualidad".
En ese mismo sentido, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, señaló que le preocupa que algunos congresistas hubiesen expresado que el proyecto de ley que convierte el decreto 806 de 2020 que reglamenta el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tiene supuestos 'vicios de trámite'.
"Consideramos que siendo esta una postura respetable, no le cabe la razón, y, por el contrario, la vía elegida por el Gobierno Nacional para mantener la virtualidad en la justicia es la correcta y así lo validó la Corte Constitucional", dijo Bernate.
Mencionó además la jurisprudencia en la que la Corte Constitucional ha validado este tipo de procedimientos para garantizar la recta impartición de justicia.
"No es cierto que deban transcribirse todos los artículos del Decreto o de lo contrario se está incurriendo en un error en el trámite legislativo que pueda afectar el proyecto. Por el contrario, este razonamiento tiene un propósito nefasto para la administración de justica en Colombia: El regreso a la presencialidad solo en la justicia penal, respecto de la cual, no se aplica el Decreto 806 de 2020", señaló el reconocido penalista.
Debido a esto, destacó los beneficios que a la Justicia Penal ha traído la virtual e indicó que la presencialidad genera tropiezos en la administración de justicia.
"Son muchos los beneficios para todos que ha traído a la Justicia Penal la virtualidad, que ya han sido ampliamente explicados, más sin embargo, hay quienes prefieren una justicia paquidérmica, a puerta cerrada, sin registros de audiencia y ajena al debate público; el interés de esta postura, es precisamente ese, y por ello llamamos su atención, de manera que la opinión tenga claro por dónde viene esta tesis y qué es lo que pretende y sobre todo, a quienes beneficia el que tengamos un caos en el regreso a la presencialidad solo en asuntos penales, de un día para otro", detalló.
Bernate aseguró también que "desafortunada resulta la comparación con el Código Electoral, cuya declaratoria de inconstitucionalidad se relaciona con vicios respecto del debate en sesiones extraordinarias, y por medios virtuales, aspectos que la Corte Constitucional efectivamente estimó vicios de procedimiento".
Los jueces penales de Bogotá también se sumaron a este pronunciamiento en el que señalan que la virtualidad acercó la justicia al ciudadano y se agilizó la expedición de sentencias y decisiones judiciales.
"En la actualidad nos encontramos en el momento crucial para la prestación del servicio administración de justicia: a partir de la pandemia nos hemos adaptado una nueva forma de hacer las cosas, que ha acercado a la gente a sus jueces y ha mejorado sustancialmente la calidad del sistema judicial. Las estadísticas no mienten son más el número de audiencias que se realizan, y el ahorro en recursos económicos tanto del Consejo Superior de la Judicatura como de las demás entidades involucradas en el proceso penal es indiscutible", señalaron en un comunicado.
Agregaron que "además el proceso de digitalización de los expedientes judiciales bajo la gestión del Consejo Superior de la Judicatura, una herramienta fundamental para la modernización de la justicia del incremento y mejora del uso de las tecnologías de información entre otras cosas en la celebración de audiencias virtuales".