Dejaron perder más de $119.000 millones en recursos públicos, revela la Contraloría
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dejaron perder un total de $119.497 millones por gestiones deficientes de cobro en lo relacionado con mayores inversiones que se dieron en desarrollo de dos Contratos de Estabilidad Jurídica suscritos en 2010 con las empresas de Comunicado de Prensa telefonía celular denominadas entonces Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A., que más adelante se fusionaron para operar bajo la marca Claro.
La Contraloría explicó que se trata de dos hallazgos con presunta incidencia fiscal, uno por $114.000 millones y otro por cerca de $5.500 millones, que determinó la Contraloría Delegada de Comercio y Desarrollo Regional, dentro de su plan de vigilancia fiscal 2023.
"Se concluyó, por parte de la Contraloría, que por la falta de gestión para el cobro de este reajuste, por un valor total de $114.003.240.000,millones se generó un detrimento al patrimonio de la Nación, por el mismo valor", señaló La Contraloría.
El MinTIC, como suscriptor del contrato, tenía la competencia para iniciar formalmente el proceso de cobro, sin embargo, a la fecha de la auditoria no había realizado las acciones necesarias para el cobro.
Respecto al segundo hallazgo, se evidenció que por la falta de oportunidad en la gestión de cobro coactivo por parte del MinTIC, la cuenta contra la sociedad sancionada Wilcos, por un valor total de $5.494.644.237, prescribió, "lo que supone un detrimento patrimonial al Estado por el valor total de la deuda, incluidos los intereses que se dejaron de cobrar".
Según el contralor Delegado para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Sigfredo López Tobón, “las situaciones encontradas en esta auditoría evidencian que, tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no actuaron conforme a los principios de la función administrativa".
Así mismo, "desconocieron el principio de coordinación y colaboración armónica entre entidades públicas, el cual predica que las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines esenciales del Estado", puntualizó el contralor delegado.