La Casa Blanca lamentó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya ordenado mantener en vigor el Título 42, una normativa instaurada por la Administración de Donald Trump (2017-2021) para expulsar a migrantes en la frontera bajo el pretexto de la pandemia de covid-19.
Karine Jean Pierre, portavoz del Gobierno de Joe Biden, dijo en un comunicado que la Administración federal acatará la orden, pero pidió al Congreso que apruebe una reforma migratoria para resolver la crisis de la frontera.
"El Título 42 es una normativa de sanidad pública, no una política migratoria, por lo que no debe mantenerse de forma indefinida", reivindicó la portavoz.
El Supremo, de mayoría conservadora, dio la razón a un grupo de 19 fiscales estatales que pidieron mantener la aplicación del Título 42, cuyo levantamiento estaba previsto para el 21 de diciembre.
La normativa quedará en vigor mientras el alto tribunal estudia el caso durante los primeros meses del próximo año.
Jean Pierre dijo que el Gobierno cumplirá "por supuesto" la orden del Supremo, pero estará preparado para un eventual levantamiento de la normativa durante 2023.
"Estamos avanzando en nuestros preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humanitaria cuando el Título 42 se elimine finalmente", señaló.
Con o sin Título 42, la portavoz insistió en que la solución para la crisis en la frontera está en manos del Congreso, donde permanece estancada la reforma migratoria propuesta por Biden que pide más fondos para reforzar la frontera.
"Para arreglar realmente nuestro sistema migratorio roto, necesitamos que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral con medidas como las que propuso el presidente Biden en su primer día de mandato", dijo.
Jean Pierre subrayó que la orden del Supremo da a los republicanos, quienes en enero asumirán el control de la Cámara de Representantes, "mucho tiempo" para "unirse" a los demócratas y resolver el tema migratorio.
Un juez federal había ordenado al Gobierno de Biden levantar el 21 de diciembre el Título 42, pero un grupo de 19 fiscales, incluido el de Texas, elevaron el tema ante el Supremo.
La Casa Blanca había advertido a los migrantes que el fin del Título 42 no supondría una política de puertas abiertas y que se seguiría expulsando a aquellos que entraran de forma irregular al país.