Alberto Fujimori, expresidente del Perú.
Unas 270.000 peruanas pobres fueron sometidas a cirugías de ligadura de trompas de Falopio entre 1996 y 2000.
Un juez peruano abrió este lunes un juicio contra el encarcelado expresidente Alberto Fujimori y otros exfuncionarios, inculpados por las "esterilizaciones forzadas" de miles de mujeres pobres, muchas de ellas indígenas, entre 1996 y 2000.
Fujimori y los otros inculpados, entre ellos tres exministros de Salud, "hicieron mucho daño con su política", afirmó el fiscal Pablo Espinoza al presentar los cargos, en una audiencia virtual que contó con un traductor de lengua quechua porque algunas de las víctimas son indígenas que no dominan el español.
Se estima que unas 270.000 peruanas pobres fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder. El expresidente de ancestros japoneses, ahora de 82 años, gobernó Perú entre 1990 y 2000.
El fiscal afirmó que los inculpados "jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño" causado.
Fujimori -quien cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos-, no participó en la audiencia, pues solo está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición desde Chile, en septiembre de 2007.
Entre los otros imputados figuran los exministros de Salud Alejandro Aguinaga (actual candidato al Congreso por el fujimorismo), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Hay otros dos exfuncionarios locales acusados.
En el proceso, a cargo del juez penal Rafael Martínez Vargas, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser "autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos" contra mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y 2000.
El magistrado dijo que llevaría adelante el juicio "sin afectar los derechos fundamentales de ninguna de las partes". La mayoría de las víctimas eran indígenas de provincias, entre ellas una que tenía 19 años y que relató que cuando fue a vacunar a su bebé al consultorio, en 1997, le ligaron las tropas. También está el caso de una mujer que falleció en marzo de 1998 tras ser sometida a la misma intervención.
Además de las eventuales condenas a los inculpados, las damnificadas podrían ser indemnizadas por el Estado, en virtud de una reforma al Plan Integral de Reparaciones para víctimas del conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000.
Con esta reforma, impulsada por la exlegisladora izquierdista Tania Pariona, el Estado peruano reconoció el derecho de las víctimas de esterilizaciones forzadas a recibir una reparación.
Fuente
AFP
