Acto administrativo de vacaciones a funcionarios de la Gobernación estaría viciado

El Presidente del sindicato de trabajadores de la Gobernación del Tolima, Sindeptol, José Gabriel Tovar, denunció lo que ha calificado como un atropello de la Secretaría Administrativa contra más de 100 servidores públicos, quienes fueron sacados a vacaciones de períodos acumulados, cuando se encontraban desarrollando trabajo en casa, orden impartida a través de la resolución 532 del pasado 13 de abril, la cual estaría fundamentada en una facultada otorgada por el decreto presidencial del 27 de marzo en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia Coronavirus COVID-19.

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Según Tovar, la organización sindical solicitó la revocatoria de la resolución que determinó declarar período de vacaciones de los funcionarios de la administración seccional, pero hasta el momento no han recibido respuesta de la Secretaría Administrativa.

Para el representante sindical, la Gobernación de manera inconsulta y a la fuerza, saco a vacaciones a los servidores públicos en medio de la pandemia y emergencia sanitaria. "Ninguno de los funcionarios estaba previamente solicitando las vacaciones", aseguró.

De otro lado el sindicato reveló que de acuerdo al concepto jurídico 129721 del primero de abril expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en donde claramente se establece que el decreto 488 del 27 de marzo del gobierno nacional, no es aplicable para los servidores públicos del nivel territorial. "Con esto es claro que se configura unas irregularidades, el acto administrativo proferido por la Secretaría Administrativa de la gobernación, que se encuentra viciado de nulidad, despropósito jurídico, viéndonos muchísimos funcionarios afectados con la decisión", agregó el presidente de Sindeptol.

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Y agregó. "Esperamos que va hacer el gobernador al respecto, sin embargo, como organización sindical acudiremos formalmente ante los entes de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, porque obviamente éste es un acto administrativo que raya en un prevaricato y conductas disciplinarias que pueden ser sancionadas".

José Gabriel Tovar agregó que la decisión de la Gobernación, también puede traer costos fiscales para el departamento, teniendo en cuenta la expedición de un acto administrativo viciado de nulidad que dejó sin poder trabajar y sin prestar sus servicios más de 100 funcionarios en plena emergencia sanitaria por la pandemia Coronavirus COVID-19.

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Por último, el sindicalista advirtió que la ley establece que las vacaciones acumuladas sólo pueden ser solicitadas por los trabajadores de lo contrario prescriben.