De acuerdo con los últimos comités de justicia que se han realizado en el municipio de Rioblanco, el secretario de Gobierno municipal se ha encontrado como delegado y la alcaldesa Elisabeth Barbosa, ha hecho presencia en Ibagué y Bogotá, dando a conocer casos de presunto reclutamiento en esta localidad.
En el mes de enero se presentó un reclutamiento, pero no forzado, fueron jóvenes que decidieron hacer parte de este tipo de vida delincuencial. "Los casos que no son denunciados se vuelven muy complejos porque no los podemos identificar o formalizar para hacer las ayudas", afirmó la mandataria local.
La interventoría del pueblo estuvo realizando un programa con varias familias que contaron el modo de operación de estos grupos residuales para llevarse jóvenes bajo la promesa de tener motocicletas y salarios grandes, lo cual se convierte con propuestas atractivas.
"Aún no tenemos nada oficial en la Fiscalía y ninguna entidad, quiere decir que, al no existir denuncias, sólo se convierten en comentarios", expresó Elisabeth Barbosa.
El reclutamiento se ha dado, pero no se determina si ha sido voluntario, por esa razón, los organismos encargados y las autoridades deberán confirmar esas condiciones.
Cabe resaltar que la Defensora del Pueblo en la alerta evidenció algunas acciones que sí se lograron identificar, por esa razón desde el municipio continúan atentos a una jornada institucional donde estará el ministerio del Interior y organismos que intentan los comités.
"Los sectores más sensibles de estas condiciones recibirán apoyo y llegaremos a cada lugar", finalizó la alcaldesa.
Para los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco en Tolima ante la presencia, crecimiento y expansión de dos disidencias de las antiguas Farc: la Segunda Marquetalia y el Comando Coordinado de Occidente, que buscan recuperar el control ilegal que ejercían en estas zonas antes de la firma del acuerdo de paz, en septiembre del 2016.
“Desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), identificamos alto riesgo de desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida e integridad de líderes sociales. También existen riesgos para las personas en proceso de reincorporación; de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; de extorsiones y la utilización de armas no convencionales”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.