Según comunicado de prensa, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, mostró su preocupación por la forma como funcionan las entidades financieras del Estado Fonade, Findeter y el Banco Agrario.
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En el caso de Fonade, citó como ejemplo las complicaciones que tuvo la dotación de la actual sede de la Contraloría General de la República, que se adjudicó a través de esta entidad, con un precio inferior en más del 50% al del presupuesto inicialmente asignado.
Maya Villazón, que ha revelado en el último año cuantiosos hallazgos fiscales en Fonade (de más de $20 mil millones) por incumplimientos, obras inconclusas y otras irregularidades, dijo que hay que replantear lo que hace la entidad frente al tema del financiamiento y manejo de obra pública.
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Del Banco Agrario dijo también que hay observaciones, en las auditorías adelantadas por la CGR, y de Findeter indicó que, aunque ha tenido mejor manejo, está entregando el tema de las construcciones, de los contratos, a los Alcaldes y Gobernadores, lo cual implica el riesgo de que se politice el manejo de estos recursos.
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Maya Villazón en un Conservatorio sobre Transparencia convocado por Asobancaria, habló sobre mayores controles para evitar lavado de activos consideró que “el sector financiero tiene que tomarle la temperatura a los billetes”, esto para decir que debe haber mayores controles para evitar que dineros mal habidos se cuelen a través de operaciones bancarias.
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De otro lado para el Contralor, las organizaciones privadas son las que tienen el mayor manejo de recursos públicos, de diversa índole, y sobre todo de aquellos dedicados a la prestación de servicios públicos.
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Recordó como las EPS manejan un monto importante de recursos y de hecho nunca ha habido tanto dinero para la salud como ahora y, sin embargo, se tienen toda clase de problemas para tener acceso a estos servicios.
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Mencionó también el caso del Proyecto Ruta del Sol, con muchos traumas para culminar, después de muchos años de haberse iniciado.
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Maya Villazón dijo también que a veces en el sector privado, como titulares de las funciones de administración de recursos públicos, se protegen, en un mal entendido blindaje de sus derechos procesales, y estas entidades no pueden divorciarse de la función social que cumplen.
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