Algunos de los interesados en el proceso, afirman que las propuestas no fueron calificadas objetivamente, por lo que no quedaba otro camino que no adjudicar el contrato, que por demás es bastante polémico en cuanto al monto de inversión que se ha llegado a establecer por parte de la Corporación Autónoma y Regional del Tolima y que corresponden a la adecuación de los colectores de Quintas y Ferrocarril.
La polémica licitación del colector Quintas Cano que adelantaba Cortolima, se declaró desierta, luego que sobre esta recayeron varios cuestionamientos por el presunto direccionamiento del proceso hacia el Consorcio Aguas Tolima, sin embargo, la decisión no está en firme, ya que existen dos recursos de reposición que deberán ser resueltos por el director de la CAR, Jorge Enrique Cardoso, tanto del consorcio Aguas del Tolima como del consorcio Hemar, segundo habilitado en el proceso.
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Según el abogado Luis Felipe Aranzales, apoderado del Consorcio Hemar, lo más sano era declarar el proceso desierto, ya que se pretendía adjudicar una obra de gran magnitud a un oferente que no acreditaba la experiencia en la construcción de redes de acueducto.
Indicó que desde su punto de vista existía un tratamiento laxo a este proponente porque es la primera vez en la historia de Cortolima en que se habilita un proponente acreditando experiencia privada desde las redes de un edificio, cuando lo que se va a construir es un colector gigantesco y donde medio Ibagué va a descargar sus aguas negras.
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El consorcio Aguas Tolima está integrado por dos empresas y tres personas naturales, entre ellos el ingeniero Orley Vidales Useche, quien hizo parte del consorcio Acualterno responsable de contrato 060 y de las fallidas obras de la primera fase del acueducto complementario.
Según se conoció la empresa López Construcciones certificó al director de obra en la construcción de un edificio que duró siete años y que el cual la persona había realizado tareas de carácter sanitario y de alcantarillado y el comité evaluador lo avaló, en estas mismas condiciones se encuentra el residente, que allegó una certificación de la constructora Vizcaya donde se dice que participó en la construcción de todas las redes sanitarias durante el tiempo de construcción del edificio en un plazo de cinco años.
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Al igual que Aranzales, el abogado Jonathan Manjarrés, representante del consorcio Colectores 2018, concuerda con Aranzales en que la decisión del Comité Evaluador no se ajustó a derecho y no estaba evaluando las propuestas de manera correcta.
Dentro de los principales errores que se encontraron entre los proponentes esta, que en el caso del Consorcio Aguas Tolima, este ofertaba gran parte de los valores de la obra, por debajo del monto establecido por la entidad ambiental, mientras que en el caso del Consorcio Hermar, este presentaba dificultades de disponibilidad de su Director de Obras, debido a que este está también laborando en la construcción del colector La Guadaleja, obra contratada por Cortolima.