Los imputados son los militares retirados, Alberto Aníbal Tuberquia Graciano y James Alexander Isaza Londoño.
La orden la emitió el Tribunal Administrativo del Tolima
Son cerca de $215.000.000 los que tendrá que pagar el Ejército Nacional a la familia de Wilmar Giraldo Vargas, quien fue asesinado en marzo de 2008 y reportado supuestamente como integrante de un grupo guerrillero en el municipio de Cunday.
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Según el fallo condenatorio emitido en septiembre de este año, por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, el joven y un amigo suyo fueron interceptados el 25 de marzo de 2008, aproximadamente a las 11:00 de la noche en el municipio de El Espinal, por miembros del Ejército Nacional quienes, bajo promesas de excelentes posibilidades de trabajo, los condujeron hasta la vereda La Yuca, en el municipio de Cunday donde posteriormente fueron dados de baja en medio de unos supuestos enfrentamientos con el Bloque 25 de las FARC-EP al que supuestamente pertenecían.
Wilmar Giraldo Vargas y José Agustín Serrano Romero-su amigo- fueron sepultados como NN y solo se pudo establecer su plena identificación en el año 2009, cuando se interpuso la denuncia de desaparición por parte de sus familiares.
Según se plasma en el oficio, los militares responsables de los hechos, sostuvieron que se trató de un enfrentamiento aproximadamente de 40 minutos en el que el Ejército Nacional fue atacado con ráfagas de armas de fuego, razón por la cual los uniformados debieron responder al ataque.
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Además, en el informe de las bajas de los dos jóvenes, se incluyó que ellos mismos fueron encontrados con prendas privativas de las fuerzas militares, un Revolver Smith & Wesson Cal 38mm, una granada de mano, 4 proveedores ara fusil de asalto AK47, un chaleco multipropósito y un radio digital.
Por lo anterior, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró responsable patrimonial y extra contractualmente a la Nación-Ministerio de Defensa y al Ejercito Nacional por los daños sufridos por los familiares de las víctimas, por lo que en consecuencia, condenó el pago de indemnización que comprende únicamente prejuicios morales, por lo que se deberá realizar el pago de $215.000.000
De otra parte, el alto Tribunal dejo sustentado en el fallo condenatorio, la falta de diligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación, recalcando que la denuncia y los hechos fueron demandados en 2009 y pasados más de diez años, la Fiscalía informó que el proceso apenas está en etapa de indagación, sin que se hubiese individualizado a los responsables de los hechos, mucho menos, se hubiera imputado cargos por ello.
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“Existe una clarísima denegación de justicia, que atenta contra la institucionalidad de la existencia del estado Social de Derecho, situación por la cual se procederá a compulsar copias de esta providencia a la Procuraduría delegada para los derechos humanos para que haga un acompañamiento de las diligencias que la Fiscalía General de la Nación adelanta y tome las medidas pertinentes para que cese la impunidad en relación con estos execrables hechos, al igual que a la oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación para que realice las investigaciones internas del caso, frente a la demora en la investigación e imputación a los responsables directos de los hechos”.
