Dora Montaña Directora Jurídica del departamento
Luego de conocerse la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima, de declarar infundadas las objeciones de la gobernación para enviar a revisión de legalidad el acuerdo municipal que permite beneficios tributarios a los contribuyentes del predial, se han conocido las primeras impresiones desde la administración departamental.
Dora Montaña directora jurídica de la administración departamental, indicó que las actuaciones de la gobernación desde su dependencia, se realizaron ajustadas a la ley, por esto la solicitud de revisión de legalidad al Tribunal Administrativo del Tolima, se dio debido a la aparente potestad que se etaria conjurando con el acuerdo municipal, para que los gobiernos municipales y departamental tomen decisiones de regulación y modificaciones en el cobro del impuesto predial, cuando este proceso solo sería, según Montaña atribuible al gobierno nacional o en su defecto al IGAC.
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Para Montaña, aunque no conoce la decisión de fondo del Tribunal Administrativo, reiteró que la determinación de enviar el documento a revisión se dio sustentados en la norma que establece que el único regulado para poder controlar el cobro del impuesto predial es una entidad de orden nacional, en este caso el IGAC y no las corporaciones municipales.
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Es de recordar que el Acuerdo Municipal, por medio del cual se aprobaban la disminución del porcentaje al pago del predial, fue enviado el día 22 de marzo al Tribunal Administrativo a revisión de legalidad, por considerarse que no se ajustaba a ley, provocando un sin número de críticas al mandatario departamental por el acto que fue considerado iba en contra de la voluntad de los ibaguereños y del propio mandatario local.
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En la decisión del contencioso administrativo, se establece que se le debe dar cumplimiento al documento tal y como fue aprobado en su momento por la corporación municipal, por lo que se desvirtúan las afirmaciones en su momento del propio gobierno departamental donde se afirmaba que el acuerdo aprobado por el Concejo de Ibagué, era inconstitucional y donde se llegó a señalar que los concejales habrían prevaricado.
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Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial del gobernador sobre la decisión que se toma por el Tribunal Administrativo del Tolima.
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