La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se encuentra en este momento participando en una mesa de diálogo crucial entre los firmantes de paz y representantes de entidades del Gobierno Nacional en la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Icononzo. Este encuentro tiene como objetivo principal escuchar y atender las solicitudes de los integrantes del Espacio Territorial de Reincorporación (ETR) de la Fila, quienes expresan su preocupación por el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016.
Durante la reunión, los firmantes de paz manifestaron que se sienten ignorados por el Gobierno Nacional y sus entidades. A pesar de que han hecho esfuerzos por establecer un diálogo, han encontrado dificultades para que sus demandas sean atendidas. “Nos hemos sentido desconocidos, a pesar de que hemos trabajado en el marco de los acuerdos de paz. La situación ha sido difícil, y necesitamos respuestas concretas”, señalaron los representantes de la comunidad del oriente tolimense.
Matiz, en su intervención, subrayó la importancia de este diálogo y el compromiso de la Gobernación del Tolima para facilitar la comunicación y buscar soluciones a las inquietudes planteadas. Sin embargo, la mandataria expresó su frustración con la situación actual, señalando que “el actual director regional de la Agencia Nacional de Tierras no le copia al Gobierno del Tolima” en los esfuerzos por avanzar en procesos de formalización y titulación de tierras, lo que es fundamental para la estabilidad y el desarrollo de las comunidades en reincorporación.
La gobernadora también mencionó que, a pesar de los bloqueos en la vía Melgar-Bogotá, ha habido una disposición de diálogo por parte de la Gobernación. “Estamos aquí para escuchar y encontrar soluciones. Es vital que el Gobierno Nacional cumpla con lo pactado, y que los firmantes de paz sientan que sus derechos son respetados y que sus necesidades son atendidas”, afirmó Matiz.
Los participantes de la mesa de diálogo esperan que esta reunión genere un compromiso claro por parte de las entidades gubernamentales para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz. La falta de atención a las demandas de las comunidades afectadas ha generado un clima de desconfianza y frustración, que podría comprometer los avances logrados hasta ahora en el proceso de paz.
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