El abogado Luis Felipe Aranzalez señaló que hay alteración de documento público.
Las noticias populares de La Cariñosa 1.420 AM conoció aparentes irregularidades en los procesos contractuales que adelanta ante el Secop II la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal.
Los hallazgos que al aparecer no concuerdan con la ley, los dio a conocer el abogado Luis Felipe Aranzalez, quien es apoderado de una de las firmas que busca ganarse los contratos, pero están siendo desmeritados en el cumplimiento de requisitos y experiencia, para favorecer a personas allegados al gobierno de turno.
Así las cosas, se trata por un lado del contrato 088 del 2020 que tiene como objeto obtener y entregar la dotación de ley para el personal del Ibal y por el otro lado, el proceso número 103 del presente año, con el cual busca la gerencia del Ibal adquirir los suministros de elementos de protección personal.
"Yo actúo como apoderado de ambos consorcios que se han presentado uno para el proceso 088 y otro para el 103; por un lado, para dotación personal de ley y otro para entregar insumos de protección personal, pero encontramos hechos graves que hemos decidido denunciar porque existe un proponente que busca presentar documentación fraudulenta y con esto lograr una adjudicación del proceso de manera ilegal", explicó Aranzalez.
El jurista, le indicó a esta redacción, puntualmente que en el proceso 088 el comité técnico del Ibal determinó, que el proponente Comercializadora CDT, es al parecer conforme al informe de evaluación el virtual ganador de este proceso por más de 300 millones de pesos, pese a que, según sus palabras, está presentando documentación que no está de acuerdo con la realidad.
"Es decir, información tergiversada que el Ibal está pasando por alto. Quiero señalar que uno de los eventos más importantes que estamos destacando es que este proponente ofrece la marca Brahama para suministrarle a los funcionarios del Ibal, pero cuando presentan los diferentes modelos y diseños, entrega información fraudulenta, que no corresponde con la realidad (...)" dijo.
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Precisando que, los elementos detallados en la propuesta no existen en la marca de botas Brahama generando entonces un posible sesgo al comité evaluador con información falsa, "es decir estamos ante una usurpación marcaría, además, estaríamos ante el delito de fraude procesal".
Finalmente, evidenció que, para este contrato de dotación de ley para los funcionarios de planta, presentará su apoderado otras observaciones para que el comité evaluador o el ordenador del gasto, la gerente del Ibal, puedan reconsiderar la decisión, y evitar hechos irregulares.
Si no se logra, llegará el consorcio a instancias de denuncias ante los entes de control.
Contrato 103
Con respecto al contrato 103 que tiene una inversión superior a los 550 millones de pesos donde se quiere adquirir elementos de protección personal, es similar al anterior proceso, en las irregularidades ya que la misma Comercializadora CDT busca quedarse con el proceso, donde al parecer, están presentando fichas técnicas alteradas, es decir falsificadas en su realidad para cumplir con el proceso.
"Esto no es más que un engaño a la ciudad, un engaño al Comité Evaluador", dijo.
Por ahora se está a la espera del Ibal, ante estas observaciones señaladas por el jurista.
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¿Cambios en el comité evaluador?
Sostuvo el jurista en diálogo con La Cariñosa que de manera improvisada se cambió a uno de los abogados que integran el Comité Evaluador de los procesos, al parecer, para generar un direccionamiento de los contratos.
"Entre los aspectos suspicaces está el cambio de uno de los funcionarios del Ibal por terminación del contrato, donde llegará una persona que firmará el informe evaluador sin conocer las posibles intenciones que se tengan", mencionó.
Fuente
Alerta Tolima
