El concejal de Ibagué, Miguel Bermúdez del movimiento Juntos por Ibagué, precisó durante una sesión virtual del cabildo ibaguereño, donde hizo presencia el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, César Augusto Gutiérrez, que la ciudad aún no tiene definidas las rutas de calor en el mapa de riesgo municipal, lo que hace imposible conocer un plan de contingencia ante un evento natural.
Aseguró, que una cosa es saber que existen y otra muy diferente es tenerlas detalladas en una ruta para conocer que evacuación se puede emplear.
"Nos parece terrible que aún no estén identificadas las zonas de calor en el mapa de riesgo general, porque de nada nos sirve unas rutas de evacuación, si no están contemplados los factores de riegos de alta, mediana y baja complejidad. Es decir, cumplimos la tarea en decir cuál es la ruta, pero no está establecida", dijo Bermúdez.
Señaló el corporado del movimiento Juntos por Ibagué, que está bien que en la Secretaría sepan las rutas en 'la mente', pero lo ideal, es supervisarlas en el mapa.
"Esto es para que inicialmente la comunidad lo sepa y actúe, la idea es conocerlas, pero de nada sirve saber que hay rutas de calor establecidas, pero no sabemos cuáles son finalmente", explicó.
El llamado del concejal, es que, desde la Alcaldía de Ibagué, tengan en cuenta las rutas de calor y las dejen plasmadas en el mapa general para conocimiento público.
Agregó, durante su intervención en la sesión virtual, que hoy en día ni siquiera los empresarios de la capital del Tolima saben las rutas de calor, para conocer el plan de contingencia comercial de la ciudad.
"Es decir, no lo veo en esta exposición, pero si esperamos que se haga".
Dato:
Por ahora le quedó la tarea al secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, César Augusto Gutiérrez, César Gutiérrez, esas rutas de calor en el mapa, y dar detalles del por qué la Alcaldía no ha reubicado a familias que se ubican en inmediaciones al Volcán Cerro Machín, si ya existe una sentencia instaurada por la Personería Municipal de la capital del Tolima.
Recordemos que se trata de una acción popular interpuesta desde hace más de 10 años, ante el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual amparó los derechos colectivos, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente a las comunidades que allí conviven y /o transitan.