Concejal Jorge Bolivar
31 Mar 2025
08:20 PM
Tutela contra opacidad: Concejal de Ibagué demanda a entidades públicas por ocultar información de Ibagué Limpia
Empresa mixta maneja más de $10 mil millones al año, pero socios públicos evaden rendir cuentas sobre su gestión.
"¿Qué están ocultando los socios públicos de Ibagué Limpia?" Con esta contundente pregunta, el concejal Jorge Bolívar interpuso una acción de tutela contra cinco entidades públicas que controlan el 49% de la empresa de aseo de la capital tolimense. La razón: una negativa sistemática a entregar información clave sobre el manejo financiero de la compañía, que administra recursos millonarios provenientes de los bolsillos de los ibaguereños.
La tutela, admitida por un juez, apunta directamente contra la Alcaldía de Ibagué, la Gestora Urbana, la Unidad de Salud, InFIbagué y el IBAL. Estas entidades, como accionistas mayoritarios, tienen la obligación legal de rendir cuentas, pero según el cabildante, han ignorado reiteradas solicitudes para acceder a documentos fundamentales, como las actas de asambleas donde se definen las utilidades de la empresa.
$10 mil millones en juego: ¿Dónde está el dinero?
Ibagué Limpia es una de las empresas mixtas más importantes de la ciudad, manejando anualmente más de $10 mil millones entre tarifas de aseo e ingresos adicionales. Sin embargo, el concejal Bolívar denuncia que no hay claridad sobre cómo se invierten estos recursos, generando dudas sobre posibles irregularidades.
"Nuevamente, estas entidades públicas, que tendrían que responder al Concejo sobre qué han hecho y qué decisiones han tomado, nos han negado otra vez la información", declaró el edil. Su insistencia no es casual: en los últimos años, han surgido cuestionamientos sobre contratos opacos y falta de auditorías independientes en la empresa.
El silencio de las entidades: ¿Negligencia o algo más?
El derecho de acceso a la información pública está consagrado en la Constitución, pero en este caso, las entidades accionistas han guardado un preocupante silencio. Bolívar, en su rol de veedor, ha solicitado en múltiples ocasiones copias de las actas de asamblea anuales, donde se aprueban balances financieros y se definen destinos de utilidades. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas o nulas.
"Si no hay nada que esconder, ¿por qué la resistencia a mostrar los documentos?", cuestiona el concejal. La situación es aún más grave si se considera que Ibagué Limpia no solo maneja recursos privados, sino también fondos públicos que provienen de los contribuyentes.
La tutela: Último recurso ante la opacidad
Ante la falta de cooperación, la acción de tutela se convirtió en el último recurso para obligar a las entidades a cumplir con la ley. Ahora, un juez deberá determinar si estas están violando el derecho fundamental a la información y ordenar la entrega de los documentos solicitados.
El fallo, que se espera en los próximos días, podría sentar un precedente importante en la lucha contra la opacidad en la administración de empresas mixtas. Si el juez falla a favor del concejal, no solo se revelaría el manejo financiero de Ibagué Limpia, sino que también se reforzaría el control político sobre el uso de recursos públicos.
¿Qué sigue? La ciudad exige respuestas
Mientras se espera la decisión judicial, la ciudadanía reclama transparencia. "Los ibaguereños merecen saber en qué se gastan sus impuestos", insiste Bolívar. El caso de Ibagué Limpia refleja un problema más amplio: la falta de veeduría efectiva en empresas donde confluyen intereses públicos y privados.
Si las entidades siguen negando información, no solo se debilita la confianza en las instituciones, sino que se abre la puerta a posibles investigaciones por presunta corrupción. Por ahora, la pelota está en manos de la justicia, pero una cosa es clara: la opacidad nunca es buena noticia para la democracia.
Un llamado a la rendición de cuentas
Este caso debería servir como alerta para que otras empresas mixtas en el Tolima y el país fortalezcan sus mecanismos de transparencia. La tutela del concejal Bolívar no es solo un reclamo individual, sino una defensa del derecho colectivo a saber cómo se administran los recursos de todos.
Mientras tanto, Ibagué espera respuestas. Porque en una sociedad democrática, el secreto no puede ser la norma.
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Fuente
Alerta Tolima
