Compensaciones a los afectados por la construcción de la hidroeléctrica el Quimbo no se han cumplido
Enel Colombia debe adecuar 2.700 hectáreas para riego por gravedad.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) negó el trámite de establecer una compensación de $42.5 millones a las 427 familias que tenía como objeto homologar la obligación de hacer la adecuación de las 2.700 hectáreas de riego por gravedad que tendrían un costo superior a $150.000 millones.
Lo anterior de la razón al gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, en su lucha por una compensación real a las afectaciones generadas por el Proyecto Hidroeléctrico ‘El Quimbo’.
El Quimbo inundó 9.500 hectáreas de tierras altamente productivas en seis municipios del Huila. Su construcción ha significado múltiples impactos sociales, ambientales, culturales y económicos para estas comunidades y todo el departamento.
Lea También:
Acciones contra el contrabando en el sur del Huila
La empresa había pedido modificar la licencia que se otorgó de manera inicial, para proceder a entregar 42 millones de pesos a cada una de las 427 familias afectadas por la obra. Sin embargo, quedó en firme el hecho de que Enel Colombia debe adecuar 2.700 hectáreas para riego, además de otros recursos para la reubicación de las personas afectadas.
Al respecto, el asesor jurídico en temas ambientales de la Gobernación del Huila, Javier Roa Salazar, explica que estos recursos no se entregan en físico a la comunidad, sino que son dineros que serán dados en proyectos productivos para que las familias los usen en los sectores en los que se desenvuelve su actividad económica.
“Igualmente, ha planteado el Gobierno departamental que las 427 familias deben ser compensadas por ser afectadas en las 2.500 hectáreas que anteriormente Emgesa ahora Enel no ha comprado en su totalidad; entonces la teoría de la Anla, es que no se cumple en su totalidad los requisitos establecidos en el decreto 1076 del 2015, en los artículos 2-2-2-3-7-1, respecto de la modificación de la licencia”, indicó el abogado Roa Salazar.
Adicionalmente, la carta enviada a la Anla con la modificación, no contó con el consentimiento del Gobierno departamental, ni de los afectados directos, “fue contestada informando al señor director de asuntos judiciales y administrativos de Enel-Colombia que no procede la modificación, dándole un espaldarazo al Gobernador y a la Gobernación del Departamento que ha venido estudiando el tema, planteando desde un comienzo que la obligación principal es comprar las 2.500 hectáreas que a criterio del departamento no se han adquirido en su totalidad ni utilizado para el reasentamiento de los afectados”, añadió Javier Roa.
Fuente
Sistema Integrado de Información
