Procuraduría adelanta 237 procesos disciplinarios por contratación en emergencia COVID-19

Teniendo en cuenta la cascada de denuncias por presuntas irregularidades en la contratación para atender la emergencia sanitaria por cuenta del Coronavirus COVID-19, en municipios y Gobernaciones del país, la Procuraduría General de la Nación reveló que el órgano de control adelanta un total de 237 procesos disciplinarios, 670 preventivos y evalúa 185 registros, acciones emprendidas en defensa y vigilancia de los recursos destinados para atender la pandemia.

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El Procurador General Fernando Carrillo dio a conocer las cifras disciplinarias en la plenaria del Senado de la República, citada para conocer las acciones tomadas por los entes de control frente a la actual coyuntura que vive el país por el COVID-19.

De otra parte, agregó que, de esas cifras, 43 procesos se adelantan en 19 gobernaciones y 150 en 117 alcaldías, resaltando que la entidad trabaja en cinco frentes para abordar la actual coyuntura, que son el alistamiento para la infraestructura médico-asistencial, la protección de los trabajadores, el control al acaparamiento, la protección de la población privada de la libertad y la vigilancia de los recursos públicos.

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Medidas

Desde la Procuraduría se gestionó ante el Ministerio de Trabajo el suministro, por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales, de los elementos de protección al personal de salud, así como se le hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la discriminación de esos profesionales.

Se solicitó a la Superintendencia de Subsidio Familiar garantizar el beneficio al desempleo de los trabajadores cesantes por la emergencia presentada por el Covid-19, siempre y cuando hubiesen cotizado por un año o durante los últimos cinco años a las cajas de compensación.

Carrillo Flores también precisó que hay 650 casos positivos de OVID-19 entre las personas privadas de la libertad y los funcionarios de las cárceles del país, “por lo que hemos intervenido preventivamente para que se garantice la dotación de insumos de protección”.

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La Procuraduría también avanza junto con la Fiscalía General y la Contraloría General en el programa ‘Transparencia para la emergencia’, en la vigilancia y seguimiento al manejo de los recursos para atender la emergencia sanitaria.

Por último, el jefe del Ministerio Público puntualizó. "La corrupción es un factor de violencia, que tiene la capacidad de matar, es un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo cuando viola el derecho a la salud o juega con la seguridad alimentaria o con ayudas vitales para la supervivencia de los colombianos”.