San Luis
Nicolás Ricardo Espinoza, abogado representante el municipio de San Luis, aseguró que apelarán el fallo emitido por un juez de la República y que ordena el embargo de varios bienes del municipio para poder responder por una sentencia que ordenaba pagar cerca de 700 millones de pesos a la víctima de un caso de violación en esta localidad.
Espinoza señala que lastimosamente el proceso que se inició en la administración de Guillermo Ignacio Alvira, se derivó de un proceso judicial en el cual un profesor de danzas aparentemente vinculado con el municipio y quien sería el responsable de haber abusado de varios de sus alumnos, por lo que en el proceso administrativo se condenó al municipio a pagar la elevada suma de dinero.
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Según el abogado, el proceso judicial en contra de la administración municipal, no contó con la debida defensa a la asesoría jurídica que permitiera poder sacar un fallo contrario al que se presentó, donde ordena el embargo de dos volquetas y un vehículo de uso administrativo por parte de la Alcaldía local.
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Aunque el fallo fue emitido en primera instancia, el mismo no se ha ejecutoriado hasta tanto no se conozca la decisión de un juez de segunda instancia, ante la presentación de un recurso de apelación ante los tribunales pertinentes, para adelantar este proceso.
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Indicó el profesional del derecho que se adelantará todos los mecanismo necesarios para poder evitar que este municipio sea despojado de sus automotores o cualquier tipo de recurso, sean retirados o despojados del municipio por vía jurídica.
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Señaló que por este fallo, en el cual el municipio entra a responder por las actuaciones de una persona que aparentemente era funcionario del municipio, pero que no constataba dentro del proceso judicial, dicho vínculo contractual, más allá de haber sido un contratista, por lo que el fallo en contra de esta localidad, fue el resultado de una defensa pobre y que le faltó preparación para evitar cualquier tipo de acción judicial en contra.
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En este mismo caso se Investiga al ex alcalde, el juez y el abogado defensor por no presentar el debido recurso de apelación al fallo en primera instancia.
