Óscar Barreto Gobernador del Tolima
Colombia necesita una política criminal, donde la articulación de la fuerza pública y del poder judicial sea eficiente y efectivo
A lo largo de mi vida pública he reiterado que la seguridad es un valor de la democracia, para garantizar el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, es un bien supremo, que solo tiene límites en la legalidad de su ejercicio. Los nuevos fenómenos en materia delincuencial, las nuevas formas de lucha, que buscan la destrucción, el desprestigio de las instituciones del Estado y de la sociedad, obligan a unas nuevas formas de seguridad, una política pública estructural que prevalezca en el tiempo y el espacio, donde es muy importante la inteligencia, individualización y neutralización de esos fenómenos donde prime, repito, la legalidad y los derechos humanos.
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Es imperiosamente necesario el apoyo institucional a nuestra fuerza pública y una gran restructuración de esta, para que tenga lo necesario en materia jurídica, tecnológica y de recurso humano. La seguridad no es sólo un derecho, sino que comporta igualmente unos deberes, un ejercicio pleno de ciudadanía, por eso, el liderazgo institucional debe tener en cuenta como factor vinculante y actuante toda la sociedad, ciudadanos apropiados y convencidos de la lucha frontal contra la delincuencia, ciudadanos ejerciendo el control social a la fuerza institucional, para así construir entre todos la seguridad ciudadana, la seguridad institucional y la seguridad de los derechos.
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La seguridad, no puede moverse al vaivén de las circunstancias o a la aparición espontanea de unos vándalos, la seguridad es de siempre y de todos, no puede haber permisividad sobre cualquier brote de delincuencia, máxime cuando el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión y el secuestro, son fenómenos crecientes que no solo acaban con nuestros jóvenes, sino que financian grandes aparatos criminales, que requieren acciones inmediatas y contundentes.
En esta lucha frontal, contra los ya conocidos y los nuevos fenómenos de inseguridad, es urgente en el proceso de apropiación ciudadana, desideologizar la seguridad como un concepto político o de alguna fuerza política. Colombia necesita una política criminal, donde la articulación de la fuerza pública y del poder judicial sea eficiente y efectivo, una articulación plena de la institucionalidad, de igual manera, no pueden seguir siendo nuestros centros penitenciarios las universidades de la especialización y la maestría del crimen, por eso, tan necesaria también, la reestructuración de la política penitenciaria de nuestro Estado. La seguridad debe ejercerse con autoridad, en integralidad institucional, para garantizar eficiencia en su aplicación, para la extinción del delito
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Fuente
Alerta Tolima
