Senador Miguel Angel Barreto
Por: Miguel Angel Barreto
El Plan Nacional de Desarrollo presentado ante el Congreso por parte del gobierno del presidente Iván Duque plantea retos inmensos en temas de educación, empleo, pobreza, seguridad, equidad, emprendimiento y medioambiente. Esta hoja de ruta, ambiciosa, pertinente y especialmente direccionada a lo social, es posible si las regiones o departamentos obtienen más autonomía presupuestal y se tiene como base una política de descentralización.
No podemos caer en errores del pasado y volver a un plan centralista, cuyos ejes dependan exclusivamente de funcionarios de corbata o tecnócratas. Me preocupa, y de hecho la discusión que debemos dar en el Congreso, es si verdaderamente con el PND se elimina la totuma o, por el contrario, se institucionaliza, pues hablar de equidad es responder a unos parámetros reales y efectivos de inclusión social y desarrollo desde las regiones. Es en tal sentido que alarma ver cómo el artículo 28 del proyecto de este Plan le quita a los Ocad la facultad de viabilizar los proyectos de inversión de las regalías para dárselos exclusivamente a los Ministerios y Departamentos Administrativos, con lo cual se centralizarían aún más los escasos recursos de las regalías para los departamentos y municipios.
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Este Pacto por Colombia, que cuenta con 1.100 billones de pesos debería establecer, en términos de competitividad, unas prioridades en infraestructura básica para las regiones y de ahí la urgencia de garantizar las partidas para vías terciarias. Noto mucha preocupación por las 4G, el transporte urbano, intermodal y logístico, pero poco interés en las vías rurales y terciarias, las cuales son el eje del desarrollo rural y base primordial para impulsar una verdadera equidad entre los territorios.
Los proyectos relacionados con servicios públicos e infraestructura escolar de los municipios exigen partidas significativas para superar brechas históricas. Las necesidades regionales deben estar presentes en el eje de la Equidad y se espera que la metodología participativa utilizada en el diseño surta los efectos esperados en la denominada política social moderna y la atención de grupos vulnerables y etnias.
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También hay que ser francos a la hora de impulsar la dinámica de otros sectores y actividades. Por ejemplo: La construcción VIP y VIS dependerá de un nuevo esquema en materia de subsidios, lo que implica una política de vivienda amigable con la legalidad y el medio ambiente; el impulso de nuevas microempresas debe venir acompañado de coberturas tributarias especiales, en tanto que las que permanecen en el mercado y soportan cientos de miles de empleos tienen un derecho adquirido a ser incorporadas en propuestas concretas de formalización, a contar con acceso a la banca y al sistema de pensiones del Estado.
El sector agropecuario, por su parte, espera una política que estimule sus siembras, reduzca el valor de los insumos, genere condiciones de seguridad en la comercialización, con menos intermediarios, con una mayor tecnificación y mecanización de los cultivos, con una cultura asociativa, con seguros de cosecha accesibles y la debida protección contra las amenazas que significan los acuerdos comerciales.
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Del Medio Ambiente, es hora de incentivar el desarrollo de tecnologías amigables con el entorno y la naturaleza. Si bien es aplaudible el cuidado de nuestros mares, lo es aún más la conservación de nuestros páramos, para que los habitantes de nuestros municipios no sufran a la hora de conseguir el agua. La economía naranja, pensada también como un generador de empleo transversal, asociada a actividades relacionadas con tecnología, generaría soluciones de competitividad, productividad e innovación a otras cadenas de producción relacionadas con turismo, comercio, servicios y agricultura.
En términos de salud, el denominado piso mínimo para garantizar el acceso y la atención a la población más vulnerable llevaría al fortalecimiento del régimen subsidiado, no sin antes establecer las garantías para que las EPS cumplan y honren sus compromisos con los hospitales públicos en plazos perentorios y con sanciones ejemplares de por medio.
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Otros temas son garantizar el acceso a educación superior de más de 300 mil jóvenes, reducir las asimetrías regionales en materia de competitividad y promover el crecimiento de la economía a tasas del 4%. Es importante que en la discusión en el Congreso, el Tolima, a través de las fuerzas políticas, las instituciones, los empresarios y las comunidades, nos articulemos y trabajemos unidos, para rescatar por ejemplo, la Zona Franca, y para que tengamos una mayor participación y protagonismo en el PND.
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