Si, son masacres

Que el presidente Iván Duque, apelando a tecnicismos, pretenda desconocer la realidad que estamos viviendo, afirmando que lo ocurrido son “homicidios colectivos”, no deja de ser una ofensa a la memoria de las víctimas, el dolor de sus familias y la inteligencia de un país que se resiste aceptar retroceder en el tiempo y volver a convivir en medio de sangre, fuego, miedo y masacres.   

Nos encontramos inmersos en una sangrienta competencia criminal que se extiende por todas las regiones, en especial, aquellas donde históricamente las economías ilegales nutridas por el narcotráfico, los cultivos ilícitos, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal, han estado bajo el dominio de grupos guerrilleros y bandas criminales. Hoy son campos de guerra, donde quienes buscan tener su control y dominio, vienen dejando rastros de terror, dolor y muerte. 

La respuesta del Gobierno Nacional no puede quedar simplemente en reforzar la presencia de la fuerza pública, algo necesario por supuesto, crear “grupos élite” o prometer estadios. Combatir a los perpetradores, independientemente de quienes sean, requiere de un mayor esfuerzo institucional que vaya más allá de incrementar el pie de fuerza.  

La atomización de grupos al margen de la ley, se habla de 19 estructuras criminales y carteles mexicanos que acechan nuestro país, sumado a la ausencia de programas efectivos para la sustitución de cultivos ilegales, la reconversión en el uso de tierras, el mejoramiento de las vías terciarias y el acceso a recursos para el sector campesino, son, entre otros, los retos hacía donde deberán orientarse los esfuerzos gubernamentales si queremos luchar integralmente para contener esta oleada de violencia.  

Como sociedad civil no podemos aceptar que la inacción del Estado abra nuevamente la puerta al fenómeno paramilitar o permita el fortalecimiento del ELN, disidentes, clanes o bandas criminales. Esto les permitiría retomar el control de territorios que se creían recuperados, consolidar su dominio en aquellos donde continuaron delinquiendo y acrecentar su poder donde la pobreza económica, falta de oportunidades y débil presencia institucional poco o nada puede hacer para evitarlo. 

Lo anterior sin dejar de lado el sistemático asesinato de líderes sociales que, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, hasta el mes de julio de 2020, 349 líderes han perdido la vida a manos criminales, donde el 52% de estos delitos ocurrieron durante los dos primeros años del Gobierno actual.  

Señor presidente, combatir y controlar las dinámicas de los grupos ilegales no es tarea fácil, con firmeza, pero a la vez generando oportunidades, avanzando en una verdadera reforma rural integral, respetando los acuerdos de paz, reconociendo el papel de la JEP y garantizando la independencia de la justicia, podremos devolver la confianza en la institucionalidad y la tranquilidad territorial que tanto anhelamos los colombianos. #NoMasMasacres

La información publicada por los columnistas así como su opinión, posición política y apreciaciones en los temas que trata son de su absoluta responsabilidad y no comprometen de manera alguna AlertaTolima.com o a RCN Radio en General.