Procuraduría abre investigación a Ibagué por negligencia en la adopción de medidas para atender problema carcelario

La investigación que también se adelanta a otras 27 alcaldías municipales del país, dan cuenta que la investigación se abre dado a la  presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria; no respuesta a requerimientos del Ministerio Público y desatención de mandatos de la Corte Constitucional.

El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, al instalar junto con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, el encuentro sobre la situación carcelaria y derecho a la salud en Antioquia, advirtió que el origen de este proceso es la “negligencia extrema” de los alcaldes para atender esta “gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada”.

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“En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos a acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto".

En la ciudad de Ibagué desde hace varios años se ha venido denunciando hacinamiento, dado que el Coiba cuenta con más de 150 internos en un centro transitorio que tiene capacidad para máximo de 60 personas.

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Adicionalmente, también se habla que las garantías de los derechos fundamentales para los internos no se dan en su totalidad.

Carrillo Flórez lamentó la inexistencia de una política criminal, como la que ha solicitado la Corte Constitucional, y demandó que el Plan Nacional de Desarrollo prevea respuestas para atender esta “tragedia”.

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“Aquí estamos enfrentados a una gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada, una gran tragedia donde la política pública a nivel nacional no funciona, una gran tragedia que está hoy sobre la mesa. Miren lo que está consagrado en Plan Nacional de Desarrollo en esa materia, para darse cuenta que lo que estamos haciendo es más de lo mismo y no tratando de romper unos esquemas para afrontar con seriedad lo que debe ser una política penitenciaria hacia el futuro”.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público condenó la falta de acciones para poner en marcha planes de resocialización y el escaso o casi nulo trabajo alrededor de la justicia restaurativa, donde el ente de control está liderando algunas acciones.

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“La violación masiva de los derechos fundamentales que se ha presentado en el caso de los establecimiento penitenciarios y carcelarios de Colombia, por una parte; y el fracaso estruendoso de una política pública, si es que hay una política pública en esta materia es el punto de partida de lo que nos congrega hoy en Antioquia”.

Es de resaltar que dentro de las ciudades que serán investigadas están:  Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Bucaramanga y Cali.