Procuraduría formuló pliego de cargos a miembros de las FFMM por irregularidades en Operación Andrómeda

Mediante comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres miembros del Ejército Nacional, vinculados a la Operación Andrómeda por presuntas irregularidades con la supuesta venta de información de carácter secreto del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa Nacional, a Andrés Sepúlveda, conocido como “el hacker del proceso de paz”.

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La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares adelantó averiguaciones en ejercicio del poder preferente y vinculó al Mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, comandante de la Operación Andrómeda, el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, enlace entre la Central de Inteligencia Técnica y el GAHD y al cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, miembro de la Operación.

El ente de control tuvo en cuenta la información de las diligencias que se iniciaron al interior las FFMM y las declaraciones de Sepúlveda el 15 de agosto de 2014, acerca de la presunta compra de base de datos del GAHD, información de seguridad nacional con datos de desmovilizados, obtenida por el suboficial Moreno Montes de manera indebida, por la que “al parecer recibió de manera indirecta remuneración económica por la venta de la misma”, falta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.

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La Procuraduría también pudo establecer que en cuanto al suboficial Betancur Sánchez, al parecer fue señalado por el hacker como quien le ofreció la venta de cien correos electrónicos que pertenecían a personas que se encontraban en la mesa de negociación de La Habana y software para el monitoreo de teléfonos celulares, información por la que recibió contraprestación económica, conducta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.

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De igual manera, el Ministerio Público formuló cargos contra el oficial Guerrero Herrera por posible incumplimiento a sus deberes y funciones, porque al parecer no ejerció control sobre los suboficiales a su cargo y presuntamente permitió desarrollar, utilizar y ofrecer en venta herramientas e información de carácter reservado para la seguridad nacional, vulnerando con ello los deberes y obligaciones que todo servidor público debe cumplir, falta calificada provisionalmente como grave a título de culpa

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