La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al alcalde de Prado Álvaro González Murillo, por la presunta declaratoria irregular de la urgencia manifiesta en dos procesos contractuales.
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La Procuraduría Provincial de Chaparral endilgó tres cargos al mandatario, el primero, celebrar el contrato de obra pública 139 del 1 agosto/16 y el de interventoría 140 del 2 agosto/16 para construir un puente sobre el río Negro, sin adelantar un proceso de selección, dando aplicación a la contratación directa y amparado en la urgencia manifiesta.
En segundo lugar, se le cuestionó por utilizar indebidamente la figura de urgencia manifiesta decretada en el mes de diciembre de 2015 y derogada por la Contraloría General de la República, por no ajustarse a lo dispuesto en el estatuto general de contratación.
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Y el tercero, porque, al parecer, omitió el envío inmediato de los contratos de obra pública e interventoría, junto con la documentación soporte de la declaratoria y, la verificación de su recibo por parte de la contraloría.
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Entre las normas violadas el ente de control citó el artículo 43 de la Ley 80 de 1993 que establece: “Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta (…) se enviarán al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal (...) el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración (…). El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta”.
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