Tolimenses eran parte de exmilitares capturados por millonario desfalco a Ejército

Gracias a las labores por parte de integrantes del CTI de la Fiscalía, la DIJIN de la Policía y el Ejército Nacional se logró la desarticulación una banda delincuencial compuesta por trece personas que habrían tramitado irregularmente conceptos para que miembros de las Fuerzas Armadas se beneficiaran con pensiones.

Cabe resaltar que, estos operativos se desarrollaron en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Putumayo, además, los implicados son un sargento activo del Ejército, once militares retirados y una mujer, en el cual algunos fueron detenidos en el Tolima y de ellos varios se capturaron en la ciudad de Ibagué, en el que después fueron trasladados a Antioquia.

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De este modo, la audiencia concentrada se llevó a cabo en la ciudad de Medellín (Antioquia) ante un juzgado de garantías, en el cual se reveló que, los capturados cobraban entre diez $10 millones y $15 millones de pesos por hacer cada concepto.  Asimismo, la seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de esa ciudad, logró interceptar a la organización y suspender el proceso de cientos de solicitudes que ya estaban en trámite.

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A través de la Fiscalía se conoció que, esta red comenzó con el desfalco en el año 2013 cuando se constituyó una empresa a nombre de un mayor retirado del Ejército, la cual se llamó ‘V. C. T Asesorías Jurídicas Militares’. Su objetivo era adelantar los trámites de pensión e indemnización a miembros de las fuerzas armadas, pero resultó ser una fachada de una red de falsificación de conceptos de médicos especialistas.

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En audiencia concentrada se informó que estos actos delictivos fueron detectados por el Comando General del Ejército en medio de una auditoría, evidenciando a la empresa 'V. C. T asesorías jurídicas militares’, el cual tenía en trámite más de 500 solicitudes para pensión, las cuales eran presentadas con documentos y certificados médicos al parecer falsos, de modo que, conforme a la investigación se determinó que la estafa podría ascender a los $2 mil millones de pesos.