Contralor y Secretario de Educación aclaran sus actuaciones en contrato PAE 2016

El secretario de educación en el departamento, Jairo Cardona en declaraciones entregadas a La Cariñosa de Ibagué y el portal Alerta Tolima, señaló que la terminación del contrato PAE en 2016 se dio por aparentes irregularidades y alerta detectadas por el encargado de manejar los recursos que se direccionaba para la implementación del programa en el departamento del Tolima y que va direccionada a toda la comunidad educativa del sector público.

Cardona informó que al llegar al cargo en 2016 y revisar el contrato suspendido, identificó previo aviso de los entes pertinentes una alerta en la estructuración y direccionamiento de recursos de regalías para la ejecución del mismo, por lo cual debería reestructurar de forma inmediata si se pretendía realizar la renovación para el calendario escolar con la empresa Nutrir Tolima.

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Al identificar estas irregularidades, el secretario realizó las indagaciones pertinentes, ante la secretaria de planeación Olga Lucía Alfonso, quien le indicó que debería liquidar el contrato debido que de llegarse a retomar podría incurrirle en una investigación por mal manejo de recursos de regalías, haciendo expresa claridad que estas irregularidades fueron identificadas por el secretario de planeación y Tic Fabián Zabala del ex gobernador del Tolima Luisa Carlos Delgado.

Asegura el actual funcionario, que al realizar una reunión con el contratista del PAE, se les explicó la situación que se venía presentando, mostrándose de acuerdo con la liquidación, sin embargo, la diferencia se presentó en el monto de recursos a devolver por Nutrir Tolima al departamento, previa proyección de una persona especializada la cual era de 550 millones de pesos, mientras que el contratista solo pretendía devolver 25 millones de pesos.

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Siendo esta diferencia de conceptos económicos la que derivó en los señalamientos que hoy se materializan en una investigación de la Procuraduría para determinar responsabilidades disciplinarias.

Por su parte Jhonatan Manjarrez, en respuesta a estas declaraciones, reiteró sus cuestionamientos ante la ausencia de un concepto de la Contraloría del Departamento sobre la declaratoria a la Urgencia Manifiesta por parte de la Gobernación.

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Bastante molesto al escuchar estos argumentos del secretario, el abogado Manjarrez, señaló que “el funcionario mintió en todos sus argumentos y le señaló de irregularidades presentadas en la elaboración de las actas de las reuniones que se mencionan,”  documentos en los cuales, según el abogado y contrario a lo expresado por Cardona, no reflejarían lo argumentado por sus representados.

Cabe mencionar que la declaratoria de urgencia manifiesta se dio, debido que la Procuraduría General estaba exigiendo la puesta en marcha del PAE en el Tolima, además manifestó que dos días antes de terminar la administración de Delgado Peñón, fue colgada en el Secop un proceso de licitación que impedía poder desarrollar uno nuevo para poder contratar con otro operador, por lo que se realizó el proceso por medio de la declaratoria de Urgencia Manifiesta.

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Así mismo la apertura de la investigación, por las irregularidades en la contratación del PAE en 2016, que se inició por la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado, tomó por sorpresa al contralor departamental  Edilberto Pava Ceballos, quien aseguró, que sus actuaciones se ajustaron al término de ley, por lo que no se mostró preocupado por lo ocurrido.

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Pava Ceballos, aseguró que el pronunciamiento en su momento de su despacho sobre la urgencia manifiesta que derivó en la contratación otorgada a Construyamos Colombia, lo realizó soportado en información otorgada por parte del gobierno seccional e incluso del Ministerio de Educación Nacional., por lo que aseguró que sus actuaciones se desarrollaron de forma correcta y acorde a los procedimientos legales.

Pava, indicó e hizo claridad que en la verificación de la declaratoria de Urgencia Manifiesta, no se revisa por parte de su despacho la parte contractual, solo los argumentos jurídicos que motivan la mismas, dejando de lado el proceso contractual que en esta etapa no es tomado en cuenta por el órgano de control fiscal, panorama que podría dejar a consideración libre de todo señalamiento disciplinarios a futuro.

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Por último el contralor, afirmó que estará a la espera de ser llamado para ser escuchado en su posición sobre las actuaciones adelantadas desde su despacho al inicio de su periodo constitucional.