Nelson Gómez Velásquez, alcalde de Palocabildo
26 Mayo 2020
06:32 AM
Casa por cárcel al alcalde de Palocabildo por presunta corrupción en contratos COVID-19
Su secretario de Gobierno, José Manuel Troncoso, también fue asegurado en su residencia.
Luego de la captura del Alcalde de Palocabildo, Nelson Gómez Velásquez, y su secretario de Gobierno, José Manuel Troncoso, el pasado 21 de mayo por parte de la DIJIN de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, las autoridades judiciales en Bogotá profirieron en su contra medida de aseguramiento mediante la modalidad de casa por cárcel mientras avanzan las investigaciones en su contra.
Gómez Velásquez y José Manuel Troncoso se vieron involucrados en presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato por $72’000.000 sin el cumplimiento de los requisitos legales en el marco de la atención de la emergencia de la pandemia del COVID-19.
En el documento entregado en su momento por el ente acusador donde se detallaban los procesos en contra de los 10 alcaldes involucrados en los contratos COVID-19 se podía leer como “la Fiscalía identificó una presunta fundación de papel, conformada por un grupo específico de personas que reside en Mariquita (Tolima), que se habría quedado con la contratación relacionada con la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria en Palocabildo (Tolima) y Guaduas (Cundinamarca). Seis personas, entre ellas los alcaldes municipales de las dos poblaciones, serán imputadas por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, y contrato sin el lleno de requisitos legales.”
Es de recordar que el alcalde de San Antonio y Jorge Iván Vásquez Martínez, su secretario general y de Gobierno, Luis Enrique Polo Álvarez, y Carlos Fernando Tovar Perea y Edward Fernando Hernández Oliveros, contratistas de la alcaldía de este municipio también están bajo la lupa de las autoridades y en los próximos días se llevará a cabo la audiencia de imputación en su contra por haber suscrito el contrato 096 de 25 de marzo de 2020 para la compra de productos de aseo.
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En el caso de los funcionarios y contratista la Fiscalía reveló que hay indicios de supuestas inconsistencias en los estudios previos, cotizaciones falsas y sobrecostos, entre otras presuntas violaciones a los principios de contratación estatal. Tres personas serán imputadas por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y fraude procesal.
