Ayer el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en medio de una rueda de prensa conjunta con la Contraloría y la Procuraduría, dio a conocer detalles específicos sobre las investigaciones en contra de funcionarios involucrados en casos de presunta corrupción en contratos para la atención de la pandemia del Covid-19.
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Siendo, así las cosas, la Fiscalía informó que se imputará y solicitará medida de aseguramiento en contra de 10 alcaldes por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.
En medio de este proceso se vieron involucrados los alcaldes de San Antonio, Jorge Iván Vásquez Martínez y Palocabildo, Nelson Gómez Velásquez, siendo este último capturado por unidades de la DIJIN de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía.
Asimismo, también se vieron directamente involucrados los secretarios de gobierno de ambos municipios: Luis Enrique Polo Álvarez, funcionario de San Antonio y José Manuel Troncoso, secretario de Palobildo y que también fue capturado. Ambos deberán enfrentar imputación y solicitud de aseguramiento por parte del ente acusador.
La Fiscalía, por su parte, dio a conocer más detalles sobre los procesos y presuntas irregularidades en la celebración de contratos.
En lo revelado por el ente acusador, “…el Alcalde de San Antonio Tolima, Jorge Iván Vásquez Martínez, suscribió el contrato 096 de 25 de marzo de 2020 para la compra de productos de aseo. Hay indicios de supuestas inconsistencias en los estudios previos, cotizaciones falsas y sobrecostos, entre otras presuntas violaciones a los principios de contratación estatal. Tres personas serán imputadas por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y fraude procesal.”
Respecto al proceso que se adelanta en esta administración municipal, la Fiscalía también imputará y solicitará medida de aseguramiento contra de los contratistas Carlos Fernando Tovar Perea y Edward Fernando Hernández Oliveros.
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Por otro lado, en Palocabildo “la Fiscalía identificó una presunta fundación de papel, conformada por un grupo específico de personas que reside en Mariquita (Tolima), que se habría quedado con la contratación relacionada con la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria en Palocabildo (Tolima) y Guaduas (Cundinamarca). Seis personas, entre ellas los alcaldes municipales de las dos poblaciones, serán imputadas por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, y contrato sin el lleno de requisitos legales.”