Fincas incautadas por actividades de narcotráfico valoradas en 550 millones de pesos en el Caquetá
En las últimas horas la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio bienes que pertenecen al señalado máximo cabecilla de la estructura criminal ‘los contadores’; es así como la dirección especializada de extinción del derecho de dominio de la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre tres predios rurales que habrían sido adquiridos por José Albeiro Arrigui Jiménez, alias Contador, con dineros que provendrían de actividades narcotraficantes.
Por lo anterior, se habla de la incautación de las tres fincas ubicadas en las veredas Maguaré y San Pablo en El Doncello, cuya extensión total alcanza las 132 hectáreas. El valor de estos activos ascendería a la gran suma de $550 millones de pesos colombianos.
De igual manera, fueron afectados 15 semovientes vacunos avaluados en más de $30 millones de pesos que al parecer habían sido obtenidos con negocios ilegales, de los cuales a esta hora son materia de investigación por parte de las autoridades encargadas.
Al sumar estos bienes, se obtuvo la gran cantidad de hectareas y animales que avaluados en unos 580 millones de pesos que habrían sido obtenidos producto de actividades ilícitas por parte de esta red criminal dedicada al narcotráfico.
De esta manera La Cariñosa conoció que el material de prueba recaudado da cuenta de que los bienes referidos hicieron parte del patrimonio de Arrigui Jiménez, máximo cabecilla de la estructura criminal ‘Los Contadores’, quien fue capturado en febrero de 2020, y judicializado por múltiples conductas ilícitas, entre estas, agresiones contra personas en proceso de reincorporación.
Recordemos que el 28 de marzo de 2019, alias ‘Contador’ fue solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, que lo requiere por cargos relacionados por narcotráfico. Los predios afectados fueron ocupados en una acción conjunta de la Fiscalía, el CTI, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional, y quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).