Comisión Quinta del Senado debatió problemática en plantas de sacrificio animal

El Senador tolimense Miguel Ángel Barreto, durante el debate en la Comisión Quinta, indicó que el Gobierno nacional debe flexibilizar y aterrizar a la realidad del país la normatividad expresada en los decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012 para que los municipios de categorías Cuarta, Quinta y Sexta puedan contar con las garantías técnicas y económicas para la construcción de Plantas de Beneficio Animal (PBA) y de esta manera se reduzca el sacrificio ilegal y se mantenga el estatus sanitario.

“Los decretos en cuestión limitan la acción de alcaldes y gobernadores y tampoco les autoriza presupuestos para garantizar la construcción y operación de las PBA. Por eso, le exigimos al Ministerio de Agricultura e Invima coherencia a la hora de exigir resultados y mayor conocimiento de la realidad de los municipios que están en Ley 617 o de aquellos que se encuentran marginados de los centros de consumo”, mencionó Barreto, quien sostuvo que el gran logro del Invima no puede sustentarse exclusivamente en el cierre de los denominados ‘mataderos’. Además, la reglamentación existente pareciera solo beneficia a las capitales y a los consumidores o clientes de formatos de grandes superficies, ya que “en las veredas no saben qué es eso de la carne al vacío” y la denominada carne ‘al gancho’ sigue siendo parte de una escena cotidiana.

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A su juicio, es un error desconocer que los cierres se traducen en el aumento de actividades como el abigeato, la clandestinidad en el sacrificio, la mezcla de carnes de mayor y menor calidad sin ningún control, y sobre todo, en los riesgos asociados a la salud que esto conlleva a los consumidores.

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“La problemática exige la participación de los diferentes Ministerios y organismos del Estado. Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) debe incluir el desarrollo y la creación de las PBA en el Plan de Desarrollo con sus respectivos tiempos y fuentes de recursos. El Ministerio de Hacienda tiene que hacer lo propio con la asignación de las partidas, pues los municipios no cuentan con fuentes de financiación para estos proyectos”, sostuvo Barreto.

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De otra parte el Senador expreso. “El Ministerio de Protección Social está en la obligación de fijar protocolos para evitar la incubación de enfermedades infecciosas como e-coli o salmonella, entre otras, que pueden surgir del sacrifico en condiciones insalubres. Esto es no descuidar la inocuidad de este alimento”.

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“Otras responsabilidades le caben al Ministerio de Agricultura para reglamentar la clase de animales en peso y talla para el sacrificio y eliminar el pago de guías sanitarias por parte del ICA. Sin embargo, y siendo el Invima la autoridad para liderar este proceso, su principal limitante es la falta de personal en las regiones para acompañar a los alcaldes en este tipo de procesos, por lo que sus decisiones terminan siempre en restricciones y cierres inesperados”, explicó Barreto Castillo, quien añadió que esto hace parte de la visión centralista del Estado que no tiene en cuenta a las regiones y sus municipios para legislar coherentemente.

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Si bien esta problemática corresponde al ámbito nacional, el Tolima es un ejemplo clásico de esta coyuntura. De los 47 municipios del departamento, solo cinco tienen plantas de beneficio de condiciones nacionales: Espinal e Ibagué son los principales referentes, pero la de Mariquita debe ser reubicada por cuanto se encuentra en el casco urbano, en tanto que Chaparral está cerrada lo que afecta todo el sur y la de Honda tiene amenaza de cierre.

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En las PBA de autoconsumo, se destacan Icononzo y Fresno que son privadas y se sostienen Líbano, Villarrica, Dolores, Guamo, Purificación, Cajamarca y fue cerrada la de Roncesvalles.

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Los otros 33 municipios tienen los problemas descritos en el debate, con la curiosidad que en estos entes territoriales la demanda no se ha visto afectada, pero la ilegalidad persiste preocupantemente.