El Congreso de la República, en Bogotá
La iniciativa le otorga facultades al Gobierno para negociar con el ELN.
El proyecto otorga facultades al Gobierno Nacional para implementar la denominada paz total y entablar negociaciones con grupos ilegales, pasó en primer debate en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes.
La iniciativa estuvo rodeada de polémica por cuenta de la posibilidad de qué miembros de las disidencias de las Farc se vieran beneficiadas, un mico que había denunciado la bancada del Centro Democrático, finalmente fue excluido del texto.
En primer lugar, la nueva norma establece que la paz total se convertirá en una política de estado, lo que quiere decir que todos los gobiernos de turno estarán obligados no solo a cumplir con los acuerdos que se logren con los grupos ilegales, sino que deberán mantener los diálogos que estén vigentes.
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El senador Ariel Ávila explicó otros detalles, “mantiene y crea una serie de figuras como las zonas de ubicación en estados avanzados del proceso, crea el servicio social para la paz como complemento del servicio militar obligatorio, también se crean las regiones paz como mecanismos de inversión de recursos económicos, se crea el gabinete para la paz”, dijo.
Y agregó: “Se establece la posibilidad de que existan acuerdos totales, acuerdos parciales y protocolos, los parciales nos permitirán arrancando el próximo año tener un cese al fuego multilateral”.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó que se aprobó un artículo que diferencia claramente los procesos de negociación con grupos ilegales que tienen estatus político como lo es el ELN y los acercamientos con organizaciones criminales, como las disidencias de las Farc, que deberán en un proceso de sometimiento a la justicia.
“Abrimos la segunda posibilidad de paz total, hemos hablado de los acuerdos con los grupos que tienen estatutos político, pero creamos un marco que nos permite avanzar al diálogo para realizar acercamientos hacia el acogimiento o transformación hacia el Estado de derecho de organizaciones criminales de alto impacto y se identifica cual es el camino que hay que transitar para que unido a las negociaciones de carácter político, este acogimiento de carácter judicial nos llevará a la paz social y la protección de la vida de los colombianos”, indicó.
También se dejó claro que no habrá zonas de despeje o de distención, sino territorios de concentración en donde se podrá adelantar el proceso de dejación de las armas cuando el mismo sea pactado.
Otro de los artículos polémicos que también logró salir adelante, está relacionado con la posibilidad que tendrían algunas ONG para tener contactos con grupos ilegales con fines humanitarios, siempre y cuando tengan autorización del Gobierno Nacional.
Fuente
Sistema Integrado de Información
