Gobierno Petro heredará responsabilidad de superar la crisis humanitaria en La Guajira
En el 2017, la Corte Constitucional concluyó que la comunidad wayúu en La Guajira atraviesa por una crisis humanitaria, por falta de agua potable, salud y alimentación, que ha generado la muerte de varios niños de esa comunidad indígena.
Este año ya van 39 niños muertos, según el último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud de La Guajira, que se reveló en la ultima audiencia de seguimiento a la sentencia del 2014 que declaró la calamidad y violación de derechos en esa región.
Desde ese entonces, la Corte emitió una serie de ordenes al Gobierno encaminadas a superar la crisis. La administración del presidente Iván Duque tomó algunas medidas, sin embargo, éstas no han sido suficientes.
“A pesar de que las entidades responsables del cumplimiento de la sentencia han adoptado medidas en materia de alimentación, agua potable y salud, estas iniciativas son insuficientes e inefectivas para responder al problema estructural que originó la declaración del estado de cosas inconstitucional en el departamento de La Guajira”, dijo la Corte al tomar una medida cautelar sobre la situación.
Ahora esa tarea le corresponderá continuarla al nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro. “La Corte Constitucional ordenó la implementación de un Plan Provisional de Acción que garantice la protección de la niñez Wayuu en el marco de la sentencia T-302 de 2017 (…) se encontró necesario la implementación de un Plan Provisional de Acción que, en relación con los derechos a la alimentación, al agua potable y a la salud de las niñas, niños y adolescentes wayúu, permita conocer con certeza la situación de cada uno de ellos, así como adoptar medidas eficaces para la atención de las situaciones más apremiantes que estos padecen”, dijo la Corte.
En la última audiencia sobre el seguimiento a esa sentencia, el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero, del gobierno Duque, aseguró que en el departamento se aumentó de 4% al 22% la cobertura rural sobre el agua potable, sobre todo en los municipios más afectados: Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
La Corte planea visitar nuevamente La Guajira, en el marco de nuevas inspecciones judiciales para verificar de primera mano esos avances.