Según comunicado oficial del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ordenó la apertura de investigación disciplinaria y suspensión provisional, por tres meses, de la representante a la Cámara y senadora electa, Aída Merlano, por la presunta compra de votos y fraude electoral.
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El jefe del Ministerio Público aseguró que ante la gravedad de los hechos y el material probatorio que la Fiscalía General de la Nación entregará a la Corte Suprema de Justicia, suspendió a la representante Merlano, como medida cautelar mientras se adelanta el proceso disciplinario.
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El órgano de control tomó esta determinación con fundamento en el artículo 157 del Código Disciplinario Único, para preservar la investigación, evitar afectaciones en la misma, y no permitir que el próximo 16 de marzo, momento en que se reanudan las sesiones del Congreso, Medrano haga presencia como congresista.
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“No podemos permitir que dado el inicio de las sesiones ordinarias, en menos de 48 horas, un persona que haya incurrido en estas prácticas, entre ellas, la compra de votos y la corrupción al sufragante, pueda iniciar sus labores legislativas como si nada hubiera pasado”.
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Así mismo, el Procurador requirió al Consejo Nacional Electoral que suspenda el trámite administrativo que llevaría a la declaración de Aída Merlano como congresista y advirtió que “no se puede permitir que una persona que es protagonista de presuntos casos de corrupción electoral llegue al Senado de la República, en consideración a que se trata de un proceso que está viciado de nulidad”.
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Carrillo Flórez exhortó al Partido Conservador Colombiano para que inicie y acelere las investigaciones disciplinarias en contra de Merlano y le imponga las sanciones más drásticas, como la expulsión de la colectividad.
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Finalmente, manifestó que estará atento a que se aplique en este caso, la figura constitucional de la silla vacía, al considerar que al haber sido elegida por votación popular el pasado 11 de marzo como Senadora, no podrá ser reemplazada en los términos del artículo 134 de la Carta Política, por la comisión de delitos contra la participación democrática.
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