Fiscal advierte que avanzan investigaciones para evitar que haya impunidad en caso de aerolíneas
El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que es organismo avanza en las respectivas investigaciones para determinar una posible estafa a los miles de ciudadanos que se vieron afectados por el cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air en el país.
“Nosotros lo que hemos hecho es iniciar las investigaciones respectivas (…) Estamos empezando a realizar los actos urgentes”, dijo Barbosa.
De igual forma, señaló que, “es un tema que se habló también con el Presidente de la República. Estamos alineados con el presidente de la República de que los responsables de los hechos respondan ante la justicia, aparezcan ante la justicia”, dijo el Fiscal General.
Las críticas y denuncias en este caso se centraron en que aunque ambas aerolíneas sabían sobre su inminente cese de operaciones, siguieron ofreciendo y vendiendo tiquetes a usuarios en todo el país, lo que generó millonarias pérdidas para los viajeros.
El Fiscal indicó que la Fiscalía hará los esfuerzos a que haya lugar para buscar que los bienes se recuperen en favor de las personas que fueron timadas en los últimos meses.
“Es un compromiso que la Fiscalía hace con el país va a actuar frente a esta situación y no dejaremos que este caso quede en la impunidad. Lo que no puede pasar es que la gente crea que aquí se puede jugar con la plata de los colombianos”, indicó Barbosa.
Así mismo, sostuvo que aunque no se descarta la posibilidad de investigar a funcionarios por una posible omisión en sus funciones para evitar los perjuicios causados a los viajeros que compraron tiquetes a estas dos aerolíneas, las primeras acciones están dirigidas contra los directos responsables de estos hechos.
“Todas las hipótesis siempre están abiertas, pero tenemos que iniciar acciones frente a aquellos que tomaron unas decisiones, seguramente, en el marco de una actividad empresarial que terminó timando a miles de colombianos”, indicó.
Añadió que de manera tranquila la Fiscalía seguirá avanzando en las investigaciones y dejó en claro que ese organismo no tiene ningún tipo de restricción para judicializar a aquellos extranjeros que cometan posibles delitos en el país y una prueba de ello, fue el escándalo de pago de sobornos de Odebrecht.