José Crispin Guerra Córdoba-Alcalde de Purificación
El Alcalde de Purificación José Crispín Guerra señaló que no pagará los 15 millones de pesos, que son cobrados por un abogado que aparentemente estaba realizando una asesoría a la administración municipal y que según el alcalde no se ha presentado a trabajar en lo que él lleva de alcalde de la población, indicando que el contrato del profesional se realizó por el anterior mandatario y aparentemente le fue concedido un permiso para trabajar fuera del municipio situación que considera Guerra Córdoba, es irregular.
Sumado a las cerca de 86 personas de la alcaldía que tienen contrato desde el pasado mandato local y que fueron amarradas a sus puestos horas antes de tomar posesión como lo ha manifestado, “se suma ahora este cobro de un abogado que pretende el pago de tres meses de trabajo, sin que éste apareciera un solo día en su oficina a rendir un informe de sus actividades”.
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El Alcalde afirmó que su principal función es velar por los recursos públicos de la población, por lo que no se pagará un solo peso de lo solicitado por el profesional del derecho, de quien afirmó además, en su carpeta de contrato aparece un contrato que no está debidamente legalizado, pero que fue concedido por el Alcalde encargado de la población ya que lo faculta aparentemente a trabajar fuera del municipio por aparentes amenazas en su contra.
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Indicó, que ni en la carpeta, ni en sistema de Secop, aparece debidamente legalizadas las denuncias por este aparente hecho, por lo que levanta, a su juicio sospecha, la forma en que fue concedido este permiso y que estaría claramente villa do un procedimiento estatal para poder conceder este tipo de beneficio.
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En palabras del mandatario, se conoció que el abogado, de quien no entregó nombre, ya presenta las demandas respectivas, ante los organismos de control, afirmando que ni así pagará un dinero a una persona que no se le ha visto trabajando en esta localidad y que ahora pretende se le cancelen tres meses de labores, indicando que tampoco se cuenta con un informe previo de dichas actividades para constatar y verificar su labor.
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Finalmente dio a conocer que el contrato de esta persona ya fue anulado por parte del mandatario y se procederá a revisar bajo qué condiciones reales se concedió el permiso si y cuáles serían las funciones que debía cumplir el abogado y conocer si estas fueron ejecutadas en debida forma.
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