Ante el Juzgado primero Civil Municipal de Ibagué tomó posesión del cargo como personera encargada del municipio de Ibagué, Francy Johanna Ardila Salazar, quien venía desempeñándose como directora Administrativa y Financiera de la Personería de Ibagué.
La funcionaria es abogada, especialista en derecho Administrativo y Constitucional De la Universidad Católica de Colombia, magister en Derechos Humanos Democracia y Globalización de la Universidad Oberta de Cataluña España.
Recientemente ocupó el cargo de Personera del municipio de Melgar en los períodos 2012 - 2016 y 2016 – 2020.
Ardila estará al frente de la Personería municipal de Ibagué hasta tanto se superen las condiciones que dieron lugar a la suspensión del titular del cargo, el abogado Wilson Prada, de acuerdo con lo indicado en el decreto 1000-0450 del 2 de septiembre de 2020 expedido por el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado.
LA HISTORIA
En exclusiva había dado a conocer las noticias de Alerta Tolima La Cariñosa 1.420A.M. que la directora Administrativa y Financiera debía quedar a cargo de la Personería municipal de Ibagué mientras se resuelve el lío jurídico que recae en estos momentos sobre el jefe del ente del Ministerio Público, Wilson Prada.
Esto tras evidenciarse, aparentemente, irregularidades en el proceso de convocatoria para elegir al personero que se hizo a través de la Corporación Centro de Consultoría Investigación y Edición SocioEconómico.
Recordemos que esta nueva decisión que se dio de posesionar a Ardila Salazar como personera encargada es en cumplimiento a lo adoptado por el Tribunal Administrativo del Tolima de resolver las dudas de todas estas acciones, por tal motivo, Prada debió alejrase de sus funciones de manera provisional.
DATO
La abogada Alejandra Nieto, en representación de Edgardo Augusto Sánchez Leal, uno de los concursantes y finalista de la convocatoria para el cargo de personero de Ibagué en el año 2019, demandó el proceso, por considerar que la entidad educativa empleada no es la idónea.
Nieto, le explicó, en su momento a esta redacción, que esta acción jurídica se emprendió porque la mesa directiva del Concejo de la capital del Tolima, fue en contravía el decreto 1083 del 2015.