De acuerdo con el contralor de Ibagué, Iván Darío Delgado Triana, los anteriores valores se dieron teniendo en cuenta que se aplicó de manera irregular lo contemplado en el acuerdo municipal No. 005 de 2019, ya que, a la totalidad de los contribuyentes no les era aplicables los beneficios contemplados en el citado acuerdo.

“Evidenciamos durante la aplicación de este acuerdo municipal que muchos de los contribuyentes no cumplían con algunos requisitos y unas condiciones específicas para hacerse acreedor de los beneficios establecidos, los cuales no fueron tenidas en cuenta dándose con ello la presunta pérdida de una importante cantidad de recursos para el Municipio de Ibagué”, dijo Delgado Triana.

Decisiones de la Contraloría

Por tal razón, el jefe de la Contraloría en la capital del Tolima, precisó que se evidenció que dicho gobierno, incurrió presuntamente en los punibles de prevaricato por acción contemplado en el artículo 413 y de peculado culposo previsto en el artículo 400 de la Ley 599 del 2.000.

Así mismo, se aprecia, que se vulneró el principio de economía que se encuentra en el artículo 209 de la C.P. De igual forma, presuntamente se infringieron los artículos 34, numeral 1 y 2, articulo 35, numeral 1 de la ley 734 del 2002, ante la falta de diligencia y eficiencia en el cumplimiento de los deberes.

“Por lo anteriormente mencionado, se determinó una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por valor de $8.815.412.042”, dijo.

Otros de los hallazgos se presentan al evaluar los recursos de la deuda adquiridos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, así como los contratos derivados de los mismos, en los cuales se verificó el grado de cumplimiento de los principios de dicha gestión: economía, eficiencia y eficacia; la calidad de sus controles, la normatividad que les aplica y la efectividad con que se han utilizado los recursos puestos a su disposición para el cumplimiento de sus objetivos misionales.