La ‘Mansión de Valle Escondido’ pasará por debate de control político este sábado en el Concejo de Ibagué

“La obra tiene un área de construcción de 900 metros cuadrados y bases para varios pisos. Observamos que ya van en una segunda planta lo que permite concluir que la estructura tendrá cerca de 2.000 metros cuadrados, en el momento de la visita estaban trabajando 25 obreros, pero no observamos pancartas o avisos de licencias de construcción de Curaduría ni de autoridad alguna, tampoco de características del proyecto”, indicó el cabildante.

Rubén Darío Correa además comentó que se dio a la tarea de consultar con peritos y encontró que el precio de la tierra en esa zona, actualmente se cotiza a 120 mil pesos el metro cuadrado, lo que implica que solo el lote constaría 1.500 millones de pesos y luego de construida la casa quinta, tendría un valor cercano a los 5.000 millones de pesos.

“Al consultar con campesinos y trabajadores del entorno, nos indicaron que el propietario de la casa quinta en construcción, es uno de los actuales mandatarios de este departamento, es decir un funcionario público”, afirmó Correa.

Una situación que, para el concejal, resulta altamente alarmante, pues es un capital bastante considerable para ser ostentado por un funcionario público y más en tiempos de pandemia, cuando la situación económica del país está atravesando una grave crisis generalizada.

¿Qué normas ambientales se podrían estar violando?

Este tipo de denuncias sobre parcelaciones irregularidades no son recientes, si se tiene en cuenta que, desde la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué en el 2014, los constructores encontraron ‘micos’ con respecto a la compatibilidad del uso del suelo de las zonas rurales de Ibagué, para adelantar proyectos hedonistas de alto valor económico, bajo la mal usada figura de vivienda campestre.

En este sentido el concejal Rubén Darío Correa comentó que la unidad agrícola familiar para Ibagué, a partir de la Ley 160 de 1994, indica que no se pueden realizar parcelaciones de menos de 6 hectáreas.

También que según el artículo 411 del Decreto 0823 del 2014 del POT, este predio en el que se pretende construir la Casa Quinta, está ubicado en una zona de amenaza y riesgo, donde está prohibida cualquier obra que no sea destinada a la recuperación ambiental del área y el manejo del riesgo.

También es importante indicar que el 8 de julio del 2015 por medio de la circular 003, el exsecretario de Planeación, Camilo Clavijo, suspendió la parcelación de manera provisional ante la solicitud del curador urbano 1 que señaló ciertas inconsistencias en los artículos del POT y determinó que al no estar identificados ni delimitados de manera precisa los polígonos en donde se podrían realizar los proyectos de vivienda campestre en el suelo rural era preciso suspender mientras se aclaraban estos puntos, circular que según la actual secretaría de Planeación, Dora Montaña, aún está vigente.

¿Qué busca aclarar el debate?

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el concejal Correa le indicó a Alerta Tolima que este sábado espera aclarar varias interrogantes para tranquilidad del pueblo ibaguereño y el bienestar ambiental del municipio:

• ¿El propietario y los ingenieros constructores tienen la licencia en regla?
• ¿Están permitidas este tipo de mega construcciones en el sitio?
• ¿Se violaron normas ambientales no solo en la obra, sino en la apertura de la trocha por el río Combeima para el paso de maquinaria pesada, de ser así Cortolima estaba enterada?
• ¿Es un actual mandatario el propietario de esta construcción?

Entre los citados para el debate se encuentran los secretarios de Planeación Municipal, de Desarrollo Agropecuario, de Gobierno, de Medio Ambiente, al director del POT, adicionalmente están invitados los curadores urbanos,  la directora de Cortolima, la Procuraduría Ambiental y la directora seccional de Fiscalías; motivo por lo cual se espera un debate de control político de gran altura, donde con pruebas se puedan aclarar las dudas que se han tejido alrededor no solo de la conservación ambiental del municipio sino también de los recursos invertidos, de resultar cierto que es un funcionario público el actual propietario.