Segundo contrato con la fundación Solidaridad por Colombia pone en lios a la gobernación

En esta ocasión se trata del convenio interinstitucional 0915 del 31 de mayo de 2017 entre la Secretaría del Interior de la Gobernación del Tolima y la Fundación Solidaridad por Colombia, el cual se encuentra bajo la lupa de las autoridades de la Fiscalía en la ciudad de Ibagué por aparente sobre costo en el desarrollo del objeto del contrato, el cual era la capacitación a líderes por medio de un diplomado que se dictaría en la ciudad de Ibagué.

El convenio entre la fundación y la administración departamental, además de ser el segundo que se vuelve objeto de los cuestionamientos de los entes de control, involucra al entonces secretario del interior del Tolima y candidato a la gobernación José Ricardo Orozco y a la ex alcaldesa de Murillo, Beatriz Valencia, quien era la supervisora del convenio en su calidad de directora para la Democracia y la Participación Ciudadana.

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El contrato  de aproximados mil millones de pesos tenía como objeto principal formar, capacitar y acompañar a líderes comunitarios en los procesos de construcción de acciones de paz para sus comunidades, esto mediante la realización de nueve talleres a 300 dirigentes comunales o por lo menos así está estipulado en el documento inicial.

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Para la ejecución de este convenio se destinaron por parte de la administración seccional cerca de 800 millones de pesos, mientras que la entidad cooperante en el proceso aporto 205 millones de pesos.

Formato de Asisitencia Solidaridad- c8-oct17

El inicio de la investigación se da luego que se recibieran varias denuncias sobre aparentes sobre costos en el cuestionado convenio, sin contar que no se habría capacitado a la totalidad de los líderes que se pretendía desde un principio, lo que habría derivado también en varios inconvenientes en el manejo de los recursos que se destinaron para dicho proceso.

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Según la denuncia, el costo por participación de cada líder en esas capacitaciones ascendía tres millones trescientos treinta y tres mil pesos, costo similar al que debe pagar un aspirante a un diplomado en el área comercial que puede llegar a ser ofertado por universidades de alto prestigio como la de La Sabana.

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Se espera en el transcurso de los próximos días conocer por parte de la Fiscalía, mayores detalles sobre lo ocurrido, ya que si bien es el segundo convenio firmado con la Fundación Solidaridad por Colombia, que está siendo investigado por las autoridades, es el primero que involucra al candidato solido a la gobernación del Tolima por parte del actual mandatario y quien fue considerado uno de los funcionarios fuertes y cercanos al oído de Barreto.

Convenio 915 de 2017

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