Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años a Carlos Heberto Ángel

Esta mañana, el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal dio lectura al fallo disciplinario en primera instancia en contra el exgerente del IMDRI, Carlos Heberto Ángel, quien venía siendo investigado por haber incurrido en diferentes faltas por la suscripción del contrato 237 del 2013 con la empresa Typsa para los estudios y diseños de las obras de los Juegos Nacionales.

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El ente disciplinario señaló que el exfuncionario de la administración de Luis H. incurrió en una violación del principio de responsabilidad y transparencia que rige la función pública, calificando la misma como una falta gravísima a título de dolo.

Los hechos por los que se le investigan, se pudo establecer ocurrieron durante la ejecución de la etapa precontractual del contrato, donde gracias a la seguimiento hecho por la Fiscalía se estableció que habría recibido por parte de Orlando Arciniegas, ya condenado por los mismos actos, y de la empresa española, la suma de 300 millones de pesos, luego de direccionar el contrato para favorecer al único oferente.

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El procurador dio a conocer que Carlos Heberto como ordenador del gasto y representante legal del IMDRI, permitió el amaño de los prepliegos y pliegos de la licitación, así como también el direccionamiento del mismo para adjudicarlo a Typsa y el cual tuvo un costo de 11 mil 500 millones de pesos.

De igual forma se demostró que aunque los oferentes presentaron sus observaciones frente al pliego de condiciones, el gerente del Instituto no los revisó en debida forma y direccionó la licitación para luego firmar el contrato de consultoría.

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Es así, como luego de analizar todos los elementos materiales probatorios, el Procurador Primero Delegado, resolvió destituir e inhabilitar al exgerente del IMDRI por 20 años.

De igual forma, el ente disciplinario decidió exhortar a Coldeportes para que junto con los entes territoriales ejerza vigilancia y control con contratos relacionados con escenarios deportivos y evitar que vuelvan a ocurrir casos como estos, así como también velar para que se garanticen los principios de la contratación estatal.

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Sobre la decisión, el abogado defensor interpuso el recurso de apelación, el cual deberá ser resuelto en los próximos días por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría en segunda instancia.

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