28 Jun 2017
08:33 AM
Procuraduría pedirá extinción de dominio a la Sociedad Técnica y Proyectos S.A (Typsa)
La Procuraduría General de la Nación mediante comunicado solicitará extinción de dominio para los contratistas, que como personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, hayan pagado u ofrecido dádivas a servidores públicos para obtener información privilegiada, lograr adjudicarse contratos o evitar sanciones.
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El Ministerio Público hizo referencia especialmente a la empresa española Typsa, vinculada en el desfalco de los Juegos Nacionales, luego que ganara la licitación para los estudios y diseños de las obras para escenarios deportivos en Ibagué.
El Ministerio Púbico solicitará que la medida se aplique en todos los casos de corrupción donde la justicia haya probado pago de dineros; ofrecimiento o entrega de dádivas, favores u obsequios a servidores públicos con el propósito de obtener la adjudicación de contratos, conocer información privilegiada; el favorecimiento o un tratamiento indebido o desigual frente a otros proponentes o interesados; la no imposición de sanciones contractuales; la obtención de prórroga o adiciones de contratos; el recibo de bienes o servicios por parte de las autoridades; la aprobación de la ejecución contractual, sea esta defectuosa, imperfecta o no; la inactividad, retardo u omisión en la vigilancia de la contratación estatal, entre otras.
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Teniendo en cuenta que la justicia condenó a servidores públicos de Ibagué que cometieron actos de corrupción en la celebración de contratos relacionados con el proyecto de los XX Juegos Nacionales y IV Para Nacionales, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar los trámites de extinción de dominio en contra de la sociedad Técnica y Proyectos S.A. (Typsa).
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En las sentencias quedó comprobado que los representantes de esa firma española pagaron sumas de dinero a servidores públicos de la administración de Ibagué para obtener la adjudicación de un contrato.
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Para el Ministerio Público todos los contratistas o interesados en contratar con el Estado tienen el deber constitucional y legal el obrar de buena fe, con toda lealtad y probidad, en cada una de sus actuaciones.
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El incurrir en conductas como las descritas no solo acarrea la imposición de sanciones penales y administrativas, sino también de carácter patrimonial como la extinción del dominio de sus bienes.
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El Ministerio Público vigilará la conducta de los particulares en la contratación estatal, e intervendrá con toda decisión cuando se configuren conductas que la lesionen.
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El mismo control se mantendrá frente a los servidores públicos, quienes tienen la guarda y custodia de la integridad y probidad de la función pública. Todo acto de corrupción que comprometa la independencia, objetividad e integridad de la administración será sancionado con el rigor que establece el Código Disciplinario.
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