Según informó la oficina de prensa del ministerio público, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a fortalecer los programas de prevención del suicidio en todo el territorio nacional, especialmente en casos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la Delegada para la Protección de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, advirtió que este flagelo es la cuarta causa de muerte en Colombia y que los jóvenes entre 14 y 18 años son la población con mayor incidencia.
Téllez Beltrán pidió a los ministerios de Salud y Protección Social, Educación, Trabajo, Cultura y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reforzar medidas tendientes a evitar la ocurrencia de suicidios, identificar factores de riesgo y fortalecer entornos protectores.
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“La Procuraduría comprende que el abordaje del tema no es fácil y que se cuenta con políticas públicas tendientes a reducir su ocurrencia, sin embargo, es el momento de replantear en qué se puede estar fallando y qué mecanismos deben fortalecerse para promover la salud mental de la población joven”.
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El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Forensis 2016, reportó cuatro suicidios de niños y niñas entre 5 y 9 años; 91 casos en la franja de 10 a 14 años; 170 casos entre 15 a 17 años; 132 entre 18 y 19 años, 327 casos entre 20 y 24 años y 178 entre los 35 y 39 años.
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Para Téllez Beltrán por ser este un flagelo multicausal, sobre todo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, “es necesario que otros sectores distintos a la salud, tales como el educativo, el laboral, los medios de comunicación, la sociedad y la familia, visibilicen esta problemática y desde sus competencias, aporten para que esta causa de muerte se reduzca”.
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Según la OMS, el suicidio es una muerte evitable, y debe entenderse como un problema de salud pública, razón por la que el Estado, la sociedad y la familia deben aunar esfuerzos y trabajar articuladamente para reducir las causas que llevan a esa decisión, asunto que por tanto, no puede estar a cargo de forma exclusiva en el Ministerio de Salud y Protección.
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