El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, cuestionó el fracaso del sistema de protección de líderes sociales y exhortó al Estado a tomar acciones que vayan más allá de la retórica y las buenas intenciones, para detener la masacre de los defensores de derechos humanos, a manos de actores armados indeterminados.
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Según cifras de organizaciones de derechos humanos, a la fecha, han sido asesinadas 59 personas en el municipio de Tumaco, Nariño. Entre enero y febrero, según la Presidencia de la República, fueron asesinados 11 líderes sociales y defensores de derechos humanos en ocho departamentos.La organización Somos Defensores señala 27 víctimas en los primeros tres meses del año y la Defensoría del Pueblo 22 en los primeros 59 días del 2018.
El Jefe del Ministerio Público repudió el asesinato de Silvio Dubán Ortíz Ortíz, de 27 años, y Javier Bernardo Cuero Ortíz, de 32 años, hijos del también asesinado líder social Bernardo Cuero, en hechos ocurridos el pasado lunes 19 de marzo en el barrio Independencia de Tumaco, y advirtió sobre la aplicación de la Directiva 002 del 14 de junio de 2017 a los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan incumplido su deber de servir de garantes del derecho a la vida de los líderes sociales.
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Anunció, asimismo, que la Procuraduría Delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales constituyó una agencia especial para investigar los asesinatos de los hijos de Bernardo Cuero y su intervención en 40 procesos penales en los que los defensores de derechos humanos sean víctimas o hayan sido judicializados sin justa causa.
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El Procurador criticó fuertemente el modelo de protección individual que adelanta la UNP, y llamó a hacer efectivos los reclamos de las organizaciones por mecanismos de protección colectiva.
“Es inaudito e inadmisible que en una población como Tumaco, que fue militarizada para supuestamente garantizar la seguridad de la comunidad, la muerte de los líderes no se detenga."
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