ABC de la decisión que se viene sobre el glifosato contra cultivos ilícitos
La sala plena de la Corte Constitucional revisará con lupa la sentencia T-236 de 2017, que mantuvo la suspensión aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos e impuso una serie de condiciones al gobierno para reanudar las aspersiones.
Trascendió que la Corte definirá el futuro del glifosato porque la decisión se centra en determinar si el Gobierno cumplió o no cumplió con esas medidas, entre ellas comprobar que el uso del herbicida no cause daño a la salud de las personas ni al ambiente.
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La sentencia que revisa el alto tribunal evaluó la posible afectación a la salud de los habitantes del municipio de Novita, en el departamento del Chocó, que “presentan un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente”, y señaló que deben ser objeto de una regulación “cuyo objetivo sea controlar dicho riesgo”.
El 6 de mayo hubo una audiencia pública en la que el presidente Iván Duque planteó “una armonización y visión integral” entre todas las posibilidades para erradicar los cultivos ilícitos que, según cifras del Gobierno, están en constante crecimiento afectando al país.
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“La amenaza que enfrenta nuestro país por cuenta del crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos y las consecuencias que esto trae para el orden público, la seguridad nacional y la protección de los derechos fundamentales”, dijo el presidente.
Pero la Corte entrará a evaluar si se cumplió o no con un proceso de consulta con las comunidades étnicas antes de volver a la aspersión, si se ha verificado el impacto que el herbicida puede generar en la salud y el medio ambiente y si se ha evaluado el grado de afectación en las comunidades.
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En la audiencia pública Víctor Darío Luna, representante de consejos comunitarios en el departamento del Chocó, dijo que la sentencia no se ha cumplido: “Las comunidades sintieron afectaciones en su salud, hubo afectación a los ríos, a las quebradas, hubo animales muertos, (…) el Gobierno dice que fue a verificar después de la aspersión, pero eso es mentira”.
La Sala Plena de la Corte iniciará discusiones esta semana y podría determinar si mantiene la suspensión del uso del herbicida o si, por el contrario, se reanuda su uso pero con condiciones.
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Jurisprudencia de la propia corporación (sentencia T-300 de 2017, T-080 de 2017, T-690 de 2017) ha evidenciado posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente con el uso del herbicida.